Cepaz

La detención por motivos políticos en Venezuela no termina en el arresto de una persona; es un fenómeno expansivo que utiliza los roles de género para trasladar el peso del castigo al hogar. En este escenario, las mujeres —madres, esposas, hijas y hermanas— emergen como víctimas secundarias. Aunque no están tras las rejas, cargan en sus cuerpos y vidas con la sobrevivencia de sus familias y la búsqueda de una justicia que el Estado les niega sistemáticamente. La falta de información oficial sobre el paradero o estado de salud de las personas detenidas no es un vacío administrativo, es uno de los mecanismos más crueles de la represión política que va dirigido hacia las familias. Esta opacidad obliga a las mujeres a peregrinar por instituciones sin obtener respuestas, enfrentándose a la estigmatización y, en muchos casos, a extorsiones para garantizar derechos mínimos de sus familiares. En este contexto, se produce una feminización de la carga represiva. El Estado vulnera derechos económicos y sociales por la pérdida de ingresos y la precarización forzada; y el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el Estado se apoya en roles de género preexistentes para externalizar el costo del castigo. A ello se suma la violación sistemática del derecho a la defensa privada y, en general, de todas las garantías que integran el debido proceso. La lucha por la libertad de los presos políticos debe ir acompañada de una protección efectiva para las mujeres que, desde afuera, mantienen viva la esperanza y la exigencia de justicia. El Estado es responsable no solo de quienes están adentro, sino de las vidas que se apagan afuera esperando un reencuentro.

Ocultamiento de información a los familiares y ausencia de investigaciones independientes y efectivas. Lo ocurrido demuestra, además, que la vida y la integridad de las personas detenidas por motivos políticos continúan en grave riesgo en Venezuela.

Detenciones arbitrarias, uso indebido de figuras penales asociadas al terrorismo, desapariciones forzadas de corta duración, incomunicación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la defensa, fallecimientos bajo custodia del Estado.

El caso de Víctor Hugo Quero Navas no constituye un hecho aislado. Resume de manera dramática buena parte de las graves violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas en #Venezuela en los últimos años: acortar.link/r6BhF6

"Levantamos nuestra voz para exigir la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos en Venezuela" Oscar Murillo, Coordinador General de Provea, desde la presentación #InformeProvea2025: El eclipse de la Constitución ⬇️ x.com/i/broadcasts/1…

“No vamos a descansar hasta que haya democracia y justicia. Hasta que no logremos acabar con esta política oscura, no podemos desistir” Comité de Familiares por la Libertad de Presos Políticos @clippve desde la presentación #InformeProvea2025 ⬇️ x.com/i/broadcasts/1…

🗣️ En una entrevista para Fe y Alegría, la directora de Cepaz, @BEABOR señaló que el panorama actual de la justicia en #Venezuela necesita una transformación "verificable" y centrada en la independencia. acortar.link/Wr29W4

E incluso reproducirse situaciones violentas ya superadas, pues las divisiones no se suprimen de un día para otro. Son necesarias acciones que minimicen los riesgos y consoliden los acuerdos para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Cuando las violaciones a los derechos humanos han sido masivas y sistemáticas y el conflicto se ha generalizado, se dificulta el restablecer la confianza en las relaciones. Como en todo proceso de transformación, se pueden entonces producir retrocesos.

⚖️ La reconciliación es, quizás, el punto más complejo en los procesos de #JusticiaTransicional. No debe confundirse nunca con el olvido o la impunidad. Una reconciliación sin justicia es frágil y no es deseable.

🇻🇪 Caso Víctor Quero: 45 ONG exigen investigación internacional independiente y liberación de todos los presos políticos. La protección de la vida, la integridad personal y la dignidad humana constituye una obligación irrenunciable del Estado venezolano. acortar.link/r6BhF6

Desde Cepaz lamentamos profundamente el fallecimiento del defensor de derechos humanos Nelson Freitez. Hacemos llegar a su esposa Yonaide un abrazo fraterno y nuestras más sentidas palabras de condolencias, extensivas a sus familiares y amigos.

Jornada de Derechos Humanos #JornadaDDHH 🗓️ 18 y 19 de mayo • Caracas 📡 Redes sociales de @amnistia Más de 20 expertos, académicos, defensores de derechos humanos y titulares de derechos reunidos para identificar propuestas efectivas para el avance de las libertades, la vigencia de la seguridad jurídica y las garantías de no repetición de abusos al derecho internacional Organizada por Amnistía Internacional con el apoyo de @_Provea , @COFAVIC , @ForoPenal, @espaciopublico, @AccesoaJusticia , @CDH_UCAB, @cecodap , @_CEPAZ, @DefensoresDDHH_ , @CaleidoHumano, Civilis, @clippve, @VotoJoven, @ColegioEnfermDC, @cnpven y @sntpvenezuela

🇻🇪 #Venezuela La @CIDH exigió la libertad plena de todas las personas presas políticas y el cese de las detenciones arbitrarias, así como el acceso pleno y verificable a las listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas. acortar.link/ruJSmC

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias instó al Gobierno de #Venezuela a iniciar una investigación pronta, efectiva e independiente sobre la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia. acortar.link/14pvRE

⚖️ En los procesos de #JusticiaTransicional, para resistir el retorno de prácticas autoritarias, es vital establecer la verdad de los hechos. Dar voz a las víctimas no es solo un acto de justicia individual, sino un componente esencial para la construcción de una memoria colectiva. El testimonio de las víctimas actúa como una barrera contra el negacionismo y garantiza que el pasado sea una lección aprendida y no un ciclo repetitivo Por su parte, la reparación es una deuda estatal que debe abordarse por múltiples vías: 🔵 Materiales: compensaciones, pensiones, becas o atención médica y psicológica. 🔵 Simbólicas: museos, monumentos y días conmemorativos que dignifiquen a las víctimas. La reparación es una obligación de los Estados. Uno de los mayores desafíos de las políticas de reparaciones es que sean justas, equitativas y sostenibles, a los fines de que no generen divisiones en las víctimas, pero que además sean factibles de cubrir, por lo que la provisión y fuente de los fondos para cubrir las reparaciones estipuladas es un tema crucial a determinar en los procesos de justicia transicional.

⚖️Llevar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos ante el sistema judicial tiene un propósito que trasciende el castigo. La rendición de cuentas es, en esencia, un esfuerzo de prevención de futuras violaciones de derechos humanos, que ofrece a las víctimas el reconocimiento, la restauración de sus derechos y una eventual reparación de los daños. Más aún, es el punto de partida para las reformas de la institucionalidad a las que haya lugar, con la finalidad de generar la confianza necesaria para la reconciliación. Al sancionar las violaciones, se envía un mensaje contundente a la sociedad: la impunidad ya no es la norma. Aunque estos procesos de investigación suelen ser lentos y complejos, especialmente ante crímenes generalizados, llevarlos a cabo es el punto de partida para recuperar la confianza ciudadana.

Ante el anuncio de la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, desde Cepaz exigimos una investigación independiente y transparente. La Sra. Carmen Teresa Navas, ante la ausencia de información oficial sobre el paradero de su hijo, emprendió una búsqueda incesante durante meses, denunciando su desaparición y exigiendo respuesta. La lucha de la señora Navas es la de tantas mujeres venezolanas que solicitando justicia para sus familiares han sufrido tratos humillantes, exposición constante a riesgos, y la ruptura de sus propias vidas. Enviamos nuestras sentidas condolencias a la señora Carmen Navas y a sus familiares.

#ATENCIÓN Exigimos la apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), tras la admisión por parte del Estado de la muerte bajo custodia de Víctor Quero. La investigación no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima, especialmente cuando existen elementos objetivos que comprometen la transparencia y credibilidad de la actuación oficial. La afirmación estatal relativa al supuesto desconocimiento de los vínculos familiares de Víctor Quero carece de sustento documental. Consta que su madre, Carmen Navas, realizó múltiples diligencias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre su situación y paradero. Asimismo, existen registros de actuaciones institucionales derivadas de dichas solicitudes. En este contexto, resulta particularmente grave que, el 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo —tras consulta formal al Ministerio Público— le informara que Víctor Quero permanecía recluido en el Rodeo I, mientras que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sostiene actualmente que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio del mismo año. Esta contradicción cronológica exige una explicación oficial verificable y constituye un elemento suficiente para cuestionar la integridad de los registros estatales relacionados con el caso. Adicionalmente, los hechos son compatibles con una situación de desaparición forzada, considerando que existió una negativa efectiva de información sobre el paradero de la víctima, así como contradicciones estatales respecto de su situación bajo custodia, circunstancias que se habrían mantenido hasta la posterior notificación de su fallecimiento. Los hechos descritos evidencian posibles violaciones al deber estatal de garantía y protección respecto de una persona bajo custodia, así como vulneraciones al debido proceso, al derecho a la información y al derecho a la verdad de sus familiares. Conforme a los estándares internacionales aplicables, el Estado tiene la obligación de preservar la vida e integridad física de las personas privadas de libertad, así como de mantener registros precisos sobre su situación jurídica y ubicación. La ausencia de información coherente, sumada a las inconsistencias entre organismos públicos, compromete la responsabilidad internacional del Estado y obliga a la adopción de mecanismos de investigación externos e independientes. En consecuencia, se exige que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente. Del mismo modo, corresponde determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios que, por acción u omisión, participaron en la administración, custodia, registro o comunicación de información relacionada con el caso. La emisión tardía de información sobre el fallecimiento no satisface las obligaciones estatales de verdad, transparencia y rendición de cuentas previstas en el derecho internacional de los derechos humanos. #JusticiaYLibertad