Alejandra Martínez D retweetledi
La historia no es “una jueza liberó a un acusado de feminicidio”. Esa es la versión fácil, la que incendia redes. La historia real es más incómoda: un hombre llevaba casi tres años en prisión preventiva, sin sentencia, cuando la Constitución dice que esa medida no puede durar más de dos años, salvo que la demora sea atribuible a la defensa. La jueza no lo absolvió. No dijo que fuera inocente. No canceló el proceso. Hizo algo mucho más elemental: recordó que el Estado no puede encerrar preventivamente a una persona por tiempo indefinido porque no ha sabido juzgarla.
Y aquí está el punto más delicado: las víctimas merecen justicia, sí. Merecen verdad, sentencia, reparación y un proceso serio. Pero precisamente por eso el sistema no puede sustituir la sentencia con cárcel preventiva eterna. Porque cuando el Estado tarda años en resolver, la prisión preventiva deja de ser una medida cautelar y empieza a parecerse demasiado a una pena anticipada. Y si aceptamos eso en los casos que más nos duelen, mañana lo vamos a aceptar en cualquier caso, contra cualquiera, por cualquier presión.
Por eso la suspensión de la jueza es tan grave. No se está castigando una corrupción evidente ni una fuga pactada ni una sentencia absurda: se está castigando, al menos en apariencia, que una juzgadora haya aplicado un límite constitucional en un caso políticamente explosivo. El mensaje es brutal: aplica la Constitución, pero no demasiado; protege derechos, pero no cuando las redes griten; sé jueza, pero mide antes el costo político. Y cuando la justicia empieza a decidir con miedo, el problema ya no es una resolución impopular: el problema es que el Derecho deja de ser límite del poder y se convierte en rehén del enojo público.
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