Juan Esteban SDS

En Barcelona, España, unos padres pierden la custodia de sus dos hijas menores por no poder pagar deudas y quedarse sin hogar. El Estado pasa a ser “protector” de ambas niñas hasta que sean mayores de 18 años. Las recluyen en un centro de protección público donde una de ellas, entonces de 13 años, es violada por varios menores extranjeros en múltiples ocasiones. Ella cae en depresión y, cuando sale de allí, decide saltar de un quinto piso para quitarse la vida. Sin embargo, falla y queda paralizada de la cintura para abajo, con dolores insoportables y una depresión tremenda. Decide entonces solicitar la eutanasia (muerte asistida) al Estado, pero sus padres, en especial su papá, inician querellas para que los tribunales desestimen su caso. Sin embargo, el Estado que le falló alejándola de sus padres, el mismo que la recluyó con menores extranjeros de otro sexo y no la protegió de las agresiones sexuales que vivió, el que no encerró a uno solo de sus victimarios y el que no la apoyó con tratamientos médicos ni físicos para evitar su sufrimiento posterior, decide entonces aprobar su muerte asistida. No la están ayudando. No están siendo compasivos. Están borrando pruebas de su negligencia. La eutanasia es un derecho, sí. Pero la vida digna y la justicia, también. Noelia Castillo no la tuvo. En unas horas, el Estado, aprovechándose de su vulnerabilidad, le quitará la vida.

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