Cuba en Transición

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Cuba grita libertad.

Madrid Katılım Nisan 2024
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Orlando Gutiérrez
Orlando Gutiérrez@OGutierrezCuba·
“No dejaremos ningún detalle sin investigar”: Fiscal de Florida hable sobre el caso de Hermanos al Rescate  – Telemundo Miami (51) telemundo51.com/noticias/local…
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Cuba en Transición@cubaNtransicion·
Nuestra defensa y el futuro de la OTAN están en juego. El Gobierno de España no sólo se empeña en no contribuir, sino que no ha hecho nada para dejar de apoyar y financiar a los enemigos de Occidente. ✒️No a la OTAN, ¿sí a Cuba? #google_vignette" target="_blank" rel="nofollow noopener">libertaddigital.com/opinion/2025-0…
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Center for a Free Cuba
Center for a Free Cuba@cubacenter·
Cuba en una Encrucijada: Opciones para Apoyar la Transición Democrática en Medio del Colapso Económico y los Desafíos de Seguridad Nacional Análisis y recomendaciones sobre políticas Marzo 2026 Cuba ha resistido ya sesenta y siete años de un régimen comunista impuesto mediante el engaño y el terror sistemático sobre los cubanos. Poco después de tomar el poder en 1959, los hermanos Castro eliminaron cualquier control sobre su autoridad. En tan solo veintitrés meses desmantelaron el poder judicial independiente y el estado de derecho que había existido durante décadas. En 1976 consagraron una constitución estalinista que mencionaba por su nombre a la Unión Soviética. Ese documento exigió una enmienda formal en 1992, tras el colapso de la URSS, para eliminar ese nombre. Los opositores no violentos que impulsaron reformas a través del Proyecto Varela en 2002 fueron condenados a décadas de prisión en 2003 y su líder fue ejecutado extrajudicialmente en 2012 junto a otro opositor. Los levantamientos masivos nacionales de julio de 2021 —los mayores desde la propia revolución— fueron aplastados con fuerza letal: las fuerzas de seguridad del régimen dispararon contra civiles desarmados. La constitución de la dictadura prohíbe todo partido político excepto el Partido Comunista de Cuba. Su código penal criminaliza la disidencia e impone penas “pre-delictivas” a los ciudadanos únicamente por sus asociaciones o estatus social. Además, el régimen funciona como una cleptocracia sin rendición de cuentas. Mientras una élite reducida controla unos 18.000 millones de dólares en reservas de efectivo en bancos extranjeros, el 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema. Esta catástrofe humanitaria interna es inseparable del comportamiento externo del régimen de Cuba, que representa amenazas directas para la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio. En este documento, el Centro por una Cuba Libre describe ambas crisis y ofrece recomendaciones para quienes buscan un cambio sostenible. El contexto internacional El régimen se presenta como antiimperialista, pero ha proporcionado apoyo militar, diplomático y moral a las campañas imperiales de Moscú en Checoslovaquia (1968), Etiopía (1977), Afganistán (1988) y Ucrania desde 2022. Más de 20.000 mercenarios cubanos han combatido junto a las fuerzas rusas en Ucrania desde la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022. La Habana también ha formalizado acuerdos de cooperación militar con Bielorrusia bajo Alexander Lukashenko, principal socio de Putin en la agresión contra Ucrania. Los funcionarios cubanos siguen negando su participación en Ucrania para mantener una negación plausible que les permita recibir apoyo financiero europeo. Esa estrategia quedó al descubierto cuando el presidente Miguel Díaz-Canel respaldó públicamente la guerra ilegal de Rusia durante su reunión del 9 de mayo de 2024 con Vladimir Putin en Moscú: “Les deseamos éxito a ustedes y a la Federación Rusa en la realización de la operación militar especial”, según informó Sputnik Africa. Esta declaración fracturó el consenso de larga data de la Unión Europea sobre la política adecuada hacia Cuba. En consecuencia, la votación de Europa en 2025 en las Naciones Unidas sobre la resolución anual de La Habana titulada “Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” terminó en división por primera vez desde 1993 (la votación anual comenzó en 1992). Se trata de un importante revés diplomático. Más recientemente, Costa Rica y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas con La Habana. Bélgica cerró su embajada en La Habana con anterioridad. La Operación Resolución Absoluta de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 expuso la huella neoimperial de Cuba en Venezuela: treinta y dos oficiales militares y de inteligencia cubanos murieron mientras servían como guardia pretoriana personal de Nicolás Maduro. Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen extensos vínculos con Pekín, Moscú, Teherán, redes terroristas transnacionales y cárteles de narcotráfico, formando una red que pone en peligro la estabilidad regional. Estrategia de Seguridad Nacional y Evaluación de Amenazas de la Administración Trump hacia Cuba La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, publicada por la Administración Trump en diciembre de 2025, establece un objetivo estratégico claro para el Hemisferio Occidental: “Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental permanezca razonablemente estable y bien gobernado para prevenir y desincentivar la migración masiva hacia Estados Unidos; queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narco-terroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones hostiles extranjeras o de propiedad extranjera de activos clave, que apoye cadenas necesarias de suministro; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”. El 29 de enero de 2026, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva “Abordando las Amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba”. La orden determina que las políticas cubanas “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria… para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Cataloga peligros específicos: la alineación de La Habana con Rusia, la República Popular China, Irán, Hamás y Hezbolá; la presencia en Cuba de la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero; el fortalecimiento de los vínculos de inteligencia y defensa con Pekín; y la concesión de refugio seguro a grupos terroristas transnacionales que buscan desestabilizar la región y Estados Unidos. También se citan como amenazas directas los repetidos esfuerzos de Cuba por socavar las sanciones estadounidenses e internacionales. Diálogo actual entre Estados Unidos y Cuba y palancas disponibles La Administración Trump mantiene un diálogo con la dictadura cubana. Tras la captura de Nicolás Maduro durante la Operación Resolución Absoluta, el presidente Trump impuso aranceles a cualquier país que suministre directa o indirectamente petróleo a Cuba. El 4 de marzo de 2026, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la reapertura de una investigación penal contra Raúl Castro por el derribo del 24 de febrero de 1996 de dos aviones civiles de rescate desarmados en espacio aéreo internacional, que causó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. El 6 de marzo de 2026, The Washington Post informó que el Departamento de Justicia había formado un grupo de trabajo para examinar posibles cargos federales contra funcionarios cubanos por delitos relacionados con inmigración, economía y otros. El 17 de marzo de 2026, el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, confirmó que las investigaciones intensificadas sobre esquemas de fraude de Medicare y Medicaid con sede en Florida —largamente sospechosos de estar orquestados por el régimen— siguen activas. Estas investigaciones se basan en la lista de 2011 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los principales fugitivos por fraude de Medicare, siete de los cuales tenían vínculos directos con Cuba. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Departamento de Defensa, publicada el 26 de enero de 2026, no deja ambigüedad sobre las consecuencias si falla el diálogo: “Donde [los vecinos] no respeten ni cumplan su parte para defender nuestros intereses compartidos… estaremos listos para tomar acciones enfocadas y decisivas… Este es el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, y las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para hacerlo cumplir con rapidez, poder y precisión, como el mundo vio en la Operación RESOLUCIÓN ABSOLUTA”. La propia ley estadounidense establece condiciones explícitas para cualquier suspensión o levantamiento de sanciones. Codificadas el 12 de marzo de 1996 en respuesta directa a los asesinatos de Hermanos al Rescate, estos requisitos incluyen: liberación de todos los presos políticos y acceso al país a organizaciones internacionales de derechos humanos; legalización de toda actividad política y disolución del Departamento de Seguridad del Estado (G-2); compromiso de celebrar elecciones libres y justas en un plazo de dieciocho meses; exclusión de la familia Castro del gobierno; respeto de las libertades civiles básicas, incluida la libertad de expresión y prensa; y reconocimiento de sindicatos independientes y derechos humanos internacionalmente reconocidos. Estos criterios estatutarios constituyen una poderosa palanca en las negociaciones en curso. Realidades humanitarias y el problema de la cleptocracia Desde el año 2000, Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de alimentos y productos agrícolas de Cuba. Solo en 2025, Cuba compró más de 800 millones de dólares en importaciones estadounidenses, principalmente aves de corral y productos básicos de Alabama y Mississippi. Cuba importa aproximadamente el 80 % de sus necesidades básicas de alimentos debido a los fracasos inherentes de la planificación central comunista. La política estadounidense permite ventas comerciales que llegan al pueblo cubano. La dictadura desvía sistemáticamente la asistencia humanitaria. Más de 1 200 presos políticos siguen encarcelados, incluidos agricultores detenidos por vender productos en mercados informales. La ayuda europea, canadiense y mexicana canalizada a través de las Naciones Unidas fluye rutinariamente a través de organizaciones no gubernamentales controladas por el gobierno (GONGOs) como los Comités de Defensa de la Revolución y la Cruz Roja Cubana alineada con el Estado. Casos documentados incluyen aceite de cocina ruso revendido en tiendas de divisas en 2021 y ayuda mexicana desviada a tiendas MLC inaccesibles para los ciudadanos comunes en 2026. En marcado contraste, la asistencia estadounidense canalizada a principios del 2026 a través de la red Caritas de la Iglesia Católica ha sido verificada de forma independiente como que llega a quienes realmente la necesitan. Las asociaciones del Programa Mundial de Alimentos con ministerios del gobierno cubano desde 2018 han producido fallos documentados en la supervisión. Su propia auditoría interna de agosto de 2025 destacó deficiencias en el monitoreo y la gestión de riesgos. El ex oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa Christopher Simmons testificó ante el Congreso en 2012 que Cuba opera “como una organización criminal violenta que se hace pasar por gobierno”, y que sus servicios de inteligencia existen únicamente para garantizar la supervivencia del régimen. Una investigación del Miami Herald realizada por Nora Gámez Torres el 6 de agosto de 2025 confirmó que las cuentas bancarias de las fuerzas armadas cubanas contienen hasta 18 000 millones de dólares, más que las reservas internacionales de Costa Rica, Uruguay o Panamá. Recomendaciones de política I. La asistencia humanitaria debe llegar a los cubanos necesitados, no a la dictadura. El Centro por una Cuba Libre insta a las Naciones Unidas a enviar inmediatamente una delegación independiente para examinar las condiciones sobre el terreno. Los responsables políticos deben establecer un corredor humanitario internacional formal para ayuda de emergencia directa que evite por completo las instituciones del régimen. Hasta que exista dicho corredor, los países donantes deben canalizar la asistencia exclusivamente a través de mecanismos independientes probados como Caritas o exigir que La Habana legalice las organizaciones no gubernamentales genuinas. Los diplomáticos de los países donantes deben realizar controles sorpresa no anunciados en los puntos de distribución. El Centro está circulando una petición que exige este corredor humanitario y urge a todas las personas de buena voluntad a firmarla y difundirla. II. Mantener y ampliar las sanciones selectivas contra la dictadura y sus agentes represores. La legislación presentada por el representante James P. McGovern (H.R. 7521, 12 de febrero de 2026) y el senador Ron Wyden (S. 136, 16 de enero de 2025) debilitaría prematuramente el régimen de sanciones en el preciso momento en que La Habana ha quedado expuesta apoyando la guerra de Putin en Ucrania y manteniendo activos militares ocultos en Venezuela. Estos proyectos de ley deben ser rechazados. En su lugar, Estados Unidos debe fortalecer las sanciones, aplicar medidas de estilo Magnitsky contra represores individuales y condicionar cualquier ablandamiento de sanciones futuro a acciones concretas: retirada inmediata de todo personal militar e inteligencia cubano de Venezuela, Ucrania y Nicaragua; cierre de instalaciones chinas de inteligencia de señales dirigidas contra Estados Unidos en territorio cubano; devolución de terroristas y fugitivos para que enfrenten la justicia norteamericana; liberación de todos los presos políticos; legalización de partidos políticos; y compromiso de celebrar elecciones libres supervisadas internacionalmente. III. El cambio político democrático impulsará una verdadera apertura económica. Décadas de compromiso económico europeo, intensificado bajo el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de 2016, no produjeron reformas democráticas y permitieron que el régimen recibiera capital extranjero a través de empresas mixtas pertenecientes al conglomerado militar GAESA. Las empresas extranjeras enfrentan confiscaciones de activos, detenciones de ejecutivos, confiscación de salarios y cambios arbitrarios de contratos sin recurso judicial. El “modelo chino” de liberalización económica sin reforma política ha fracasado igualmente, produciendo un Estado totalitario modernizado en lugar de democracia. La ideología fundacional del régimen de Cuba sigue siendo profundamente hostil a Estados Unidos; cualquier concesión temporal sería probablemente una maniobra táctica para sobrevivir hasta que pase la presión actual. La verdadera y duradera prosperidad económica requiere el estado de derecho y un poder judicial independiente, elementos que sólo existen tras una transición política. Como la teoría de Karl Marx se invierte en la práctica, la estructura política y las instituciones legales definen el sistema económico, no al revés. IV. Establecer mayor unidad entre los cubanos pro-democracia. Formar grupos de trabajo informales pero efectivos (a través de canales seguros) que vinculen las redes de oposición interna con las organizaciones del exilio. Estos grupos deben coordinar acciones cívicas no violentas dentro de Cuba con la defensa internacional, la entrega de ayuda humanitaria y la presión legal en el exterior. Las acciones cívicas no violentas y la estrategia interna general deben ser decididas por los actores internos. Invitar a todos los cubanos que no hayan cometido graves violaciones de derechos humanos para garantizar la inclusión sin comprometer los principios. Enfoque en objetivos compartidos inmediatos Exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos (actualmente más de 1 200) y una amnistía total. Exigir que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a las prisiones cubanas (la última visita autorizada fue en 1989). Garantizar asistencia humanitaria verificada a través de canales independientes (evitando entidades controladas por el régimen), en un espíritu de reconciliación. Preparar conjuntamente la fase de Liberación: documentar la represión, capacitar a los ciudadanos en resistencia no violenta y gobernanza transicional, y salvaguardar pruebas para futuras comisiones de justicia y verdad. Exigir que el régimen se comprometa a celebrar elecciones libres y justas en un plazo específico. Conclusión Los cubanos han luchado durante sesenta y siete años por restaurar la libertad en Cuba. La convergencia de la presión internacional, la determinación estratégica de Estados Unidos y las vulnerabilidades expuestas del régimen crean una rara oportunidad histórica. Combinando sanciones selectivas sostenidas, canales humanitarios creativos e insistencia firme en criterios democráticos, los responsables políticos pueden avanzar tanto en la seguridad nacional de Estados Unidos como en la causa de la libertad en Cuba. El Centro por una Cuba Libre está listo para proporcionar pericia y documentación a gobiernos y organizaciones comprometidas con este resultado. Las acciones cívicas no violentas y la estrategia interna general deben ser decididas por los actores internos. Todos los cubanos que no hayan cometido graves violaciones de derechos humanos deben ser invitados a participar en el logro de estos objetivos. La meta debe ser garantizar la inclusión sin comprometer los principios.
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Center for a Free Cuba
Center for a Free Cuba@cubacenter·
No sabemos cuántos de los 2.010 prisioneros que La Habana anunció el 2 de abril de 2026 que indultaría son presos políticos. La dictadura cubana no reconoce la existencia de presos políticos ni divulga datos sobre los prisioneros y las cárceles en general. @CubaCenter está monitoreando las liberaciones. 1/2
Yoani Sánchez@yoanisanchez

El régimen #cubano anuncia la excarcelación de 2.010 presos. Desde las cercanías de Villa Marista, el temido cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, comento este viernes la noticia. #SOSCuba youtu.be/B8KC81rmhes?si…

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EFE Noticias@EFEnoticias·
#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Cuba anuncia el indulto de 2.010 presos.
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RafaelSánchezAballí
RafaelSánchezAballí@RJSanchezAballi·
This is a great piece on the path forward to acheiving freedom in Cuba. Great work John
Center for a Free Cuba@cubacenter

Center for a Free Cuba analysis and policy recommendations Cuba at a Crossroads: Options for Supporting Democratic Transition Amid Economic Collapse and National Security Challenges March 2026 Cuba has now endured sixty-seven years of a communist regime imposed through deceit and systematic terror on Cubans. Shortly after seizing power in 1959, the Castro brothers eliminated any checks on their authority. Within twenty-three months, they dismantled Cuba’s independent judiciary and the rule of law that had existed for decades. In 1976, they enshrined a Stalinist constitution that referenced the Soviet Union by name. That document required formal amendment in 1992 following the collapse of the USSR to remove the name. Non-violent dissidents who pursued reforms through the Varela Project in 2002 were sentenced to decades in prison in 2003, and extrajudicially executed in 2012. The nationwide mass uprisings of July 2021—the largest since the revolution itself—were crushed with lethal force, as regime security forces fired on unarmed civilians. The dictatorship’s constitution prohibits every political party except the Cuban Communist Party. Its penal code criminalizes dissent and imposes “pre-criminal” penalties on citizens based solely on associations or social status. Additionally, the regime functions as an unaccountable kleptocracy. While a narrow elite controls an estimated $18 billion in cash reserves in foreign banks, 89 percent of Cubans live in extreme poverty. This internal humanitarian catastrophe is inseparable from Cuba’s external behavior, which poses direct threats to U.S. and hemispheric security. In this statement, the Center for a Free Cuba outlines both crises and provides recommendations for those seeking sustainable change. The International Context The regime portrays itself as anti-imperialist, yet it has supplied military, diplomatic, and moral backing to Moscow’s imperial campaigns in Czechoslovakia (1968), Ethiopia (1977), Afghanistan (1988), and Ukraine since 2022. More than 20,000 Cuban mercenaries have fought alongside Russian forces in Ukraine since the full-scale invasion of February 24, 2022. Havana has also formalized military cooperation agreements with Belarus under Alexander Lukashenko, Putin’s key partner in aggression against Ukraine. Cuban officials continue to deny involvement in Ukraine. They have done so to preserve plausible deniability for European financial support. That strategy was exposed when President Miguel Díaz-Canel publicly endorsed Russia’s illegal war during his May 9, 2024 meeting with Vladimir Putin in Moscow: “We wish you success and the Russian Federation in carrying out the special military operation,” as reported by Sputnik Africa. This statement fractured long-standing European Union consensus on the appropriate policy toward Cuba. Consequently, Europe’s 2025 vote at the United Nations on Havana’s annual resolution titled “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba” ended in division for the first time since 1993. (The annual vote began in 1992). This is an important diplomatic setback. More recently Costa Rica and Ecuador severed diplomatic relations with Havana. Belgium closed its embassy in Havana earlier. The United States’ January 3, 2026 Operation Absolute Resolve exposed Cuba’s neo-imperial footprint in Venezuela: thirty-two Cuban military and intelligence officers were killed while serving as Nicolás Maduro’s personal praetorian guard. Dictatorships in Cuba, Nicaragua, and Venezuela maintain extensive ties to Beijing, Moscow, Tehran, transnational terrorist networks, and drug trafficking cartels, forming a network that endangers regional stability. Trump Administration National Security Strategy and Threat Assessment of Cuba The 2025 National Security Strategy, released by the Trump Administration in December 2025, sets a clear strategic objective for the Western Hemisphere: “We want to ensure that the Western Hemisphere remains reasonably stable and well-governed enough to prevent and discourage mass migration to the United States; we want a Hemisphere whose governments cooperate with us against narco-terrorists, cartels, and other transnational criminal organizations; we want a Hemisphere that remains free of hostile foreign incursion or ownership of key assets, and that supports critical supply chains; and we want to ensure our continued access to key strategic locations. In other words, we will assert and enforce a ‘Trump Corollary’ to the Monroe Doctrine.” On January 29, 2026, President Trump signed Executive Order “Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba.” The order finds that Cuban policies “constitute an unusual and extraordinary threat… to the national security and foreign policy of the United States.” It catalogues specific dangers: Havana’s alignment with Russia, the People’s Republic of China, Iran, Hamas, and Hezbollah; the presence of Russia’s largest overseas signals intelligence facility in Cuba; deepening intelligence and defense ties with Beijing; and the granting of safe haven to transnational terrorist groups that seek to destabilize the region and the United States. Cuba’s repeated efforts to undermine U.S. and international sanctions are also cited as direct threats. Current U.S.-Cuba Dialogue and Available Leverage The Trump Administration is engaged in dialogue with the Cuban dictatorship. In the aftermath of Nicolás Maduro’s capture during Operation Absolute Resolve, President Trump imposed tariffs on any country that directly or indirectly supplies oil to Cuba. Florida Attorney General James Uthmeier announced on March 4, 2026 the reopening of a criminal investigation into Raúl Castro for the February 24, 1996 shoot-down of two unarmed civilian rescue planes in international airspace, which killed three American citizens and one permanent resident. On March 6, 2026, The Washington Post reported that the Justice Department had formed a working group to examine possible federal charges against Cuban officials for crimes related to immigration, economics, and more. Centers for Medicare & Medicaid Services Administrator Dr. Mehmet Oz confirmed on March 17, 2026 that intensified probes into Florida-based Medicare and Medicaid fraud schemes—long suspected of regime orchestration—remain active. These investigations build on the 2011 Department of Health and Human Services list of top Medicare fraud fugitives, seven of whom had direct ties to Cuba. The Department of Defense’s 2026 National Defense Strategy, released January 26, 2026, leaves no ambiguity about consequences if dialogue fails: “Where [neighbors] do not respect and do their part to defend our shared interests… we will stand ready to take focused, decisive action… This is the Trump Corollary to the Monroe Doctrine, and America’s military stands ready to enforce it with speed, power, and precision, as the world saw in Operation ABSOLUTE RESOLVE.” U.S. law itself provides explicit conditions for any suspension or lifting of sanctions. Codified on March 12, 1996 in direct response to the Brothers to the Rescue murders, these requirements include: release of all political prisoners and access for international human rights organizations; legalization of all political activity and dissolution of the Department of State Security (G-2); commitment to free and fair elections within eighteen months; exclusion of the Castro family from government; respect for basic civil liberties including freedom of speech and press; and recognition of independent labor unions and internationally recognized human rights. These statutory benchmarks constitute powerful leverage in ongoing negotiations. Humanitarian Realities and the Kleptocracy Problem Since 2000, the United States has served as one of Cuba’s primary suppliers of food and agricultural products. In 2025 alone, Cuba purchased over $800 million in U.S. imports, primarily poultry and staples from Alabama and Mississippi. Cuba imports approximately 80 percent of its basic food needs because of the inherent failures of communist central planning. U.S. policy permits commercial sales that reach the Cuban people. The dictatorship systematically diverts humanitarian assistance. Over 1,200 political prisoners remain incarcerated, including farmers jailed for selling produce in informal markets. European, Canadian, and Mexican aid channeled through the United Nations routinely flows via government-controlled non-governmental organizations (GONGOs) such as the Committees for the Defense of the Revolution and the state-aligned Cuban Red Cross. Documented cases include Russian cooking oil resold in hard-currency stores in 2021 and Mexican aid diverted to MLC shops inaccessible to ordinary citizens. In stark contrast, U.S. assistance routed through the Catholic Church’s Caritas network has been independently verified to reach those in genuine need. The World Food Programme’s partnerships with Cuban government ministries since 2018 have produced documented oversight failures. Its own August 2025 internal audit highlighted deficiencies in monitoring and risk management. Former Defense Intelligence Agency officer Christopher Simmons testified before Congress in 2012 that Cuba operates “as a violent criminal organization masquerading as a government,” with its intelligence services existing solely to ensure regime survival. A Miami Herald investigation by Nora Gamez Torres on August 6, 2025 confirmed that the Cuban military’s bank accounts hold up to $18 billion—larger than the international reserves of Costa Rica, Uruguay, or Panama. Policy Recommendations I. Humanitarian assistance must reach Cubans in need, not the dictatorship. The Center for a Free Cuba calls on the United Nations to dispatch an independent delegation immediately to examine conditions on the ground. Policymakers should establish a formal international humanitarian corridor for direct emergency aid that bypasses regime institutions entirely. Until such a corridor exists, donor nations should channel assistance exclusively through proven independent mechanisms such as Caritas or insist that Havana legalize genuine non-governmental organizations. Diplomats from donor countries should conduct unannounced spot checks on distribution points. The Center is circulating a petition demanding this humanitarian corridor and urges all people of good will to sign and amplify it. II. Maintain and expand targeted sanctions against the dictatorship and its repressive agents. Legislation introduced by Rep. James P. McGovern (H.R. 7521, February 12, 2026) and Sen. Ron Wyden (S. 136, January 16, 2025) would prematurely gut the sanctions regime at the precise moment when Havana has been exposed supporting Putin’s war in Ukraine and maintaining hidden military assets in Venezuela. These bills should be rejected. Instead, the United States should strengthen sanctions, apply Magnitsky-style measures against individual repressors, and condition any future relief on concrete actions: immediate withdrawal of all Cuban military and intelligence personnel from Venezuela, Ukraine, and Nicaragua; closure of Chinese signals intelligence facilities targeting the United States; return of terrorists and fugitives to face justice; release of all political prisoners; legalization of political parties; and commitment to internationally supervised free elections. III. Democratic political change will drive a genuine economic opening. Decades of European economic engagement, intensified under the 2016 Political Dialogue and Cooperation Agreement, produced no democratic reforms while allowing the regime to capture foreign capital through mandatory joint ventures with the military conglomerate GAESA. Foreign businesses face asset seizures, executive arrests, wage confiscation, and arbitrary contract changes without judicial recourse. The “China model” of economic liberalization without political reform has similarly failed, producing a modernized totalitarian state rather than democracy. Cuba’s foundational ideology remains profoundly hostile to the United States; any temporary concessions would likely be tactical maneuvers to survive until the current pressure subsides. True and lasting economic prosperity requires the rule of law and an independent judiciary—elements that exist only after political transition. As Karl Marx’s theory is inverted in practice, political structure and legal institutions define the economic system, not the reverse. IV. Establish greater unity between pro-democracy Cubans. Forming informal but effective working groups (via secure channels) that link internal opposition networks with exile organizations. These groups should coordinate non-violent civic actions inside Cuba with international advocacy, humanitarian aid delivery, and legal pressure abroad. Non-violent civic actions and the overall internal strategy must be decided by internal actors. Invite all Cubans who have not committed grave human rights violations to ensure inclusivity without compromising principles. Focus on Immediate Shared Objectives Demand the unconditional release of all political prisoners (currently over 1,200) and full amnesty. Demand the International Committee of the Red Cross be granted access to Cuban prisons. (Last visit granted was in 1989). Secure verified humanitarian assistance through independent channels (bypassing regime-controlled entities), consistent with a spirit of reconciliation. Prepare jointly for the Liberation phase: document repression, train citizens in nonviolent resistance and transitional governance, and safeguard evidence for future justice and truth commissions. Demand that the regime commit to free and fair elections within a specified timeline. Conclusion Cubans have struggled over sixty-seven years to restore freedom in Cuba. The convergence of global pressure, U.S. strategic resolve, and the regime’s exposed vulnerabilities creates a rare historic opening. By combining sustained targeted sanctions, creative humanitarian channels, and unwavering insistence on democratic benchmarks, policymakers can advance both U.S. national security and the cause of liberty in Cuba. The Center for a Free Cuba stands ready to provide expertise, and documentation to governments and organizations committed to this outcome. Non-violent civic actions and the overall internal strategy must be decided by internal actors. All Cubans who have not committed grave human rights violations should be invited to participate in achieving these objectives.  The goal should be to ensure inclusivity without compromising principles. cubacenter.org/publications/2…

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EDATV
EDATV@edatvoficial·
🇪🇸‼️| Las palabras de una periodista cubana dirigidas a Pablo Iglesias.
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Pablo Haro Urquízar
Pablo Haro Urquízar@pabloharour·
Rallo: "Solo el 10 % de toda la brecha de PIB per cápita entre la Cuba sintética y la Cuba se explica por el embargo estadounidense y en consecuencia, el 90 % restante se debe íntegramente a los desastres provocados por el sistema económico socialista."
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Cuba en Transición@cubaNtransicion·
Al contrario que Pablo Iglesias, los cubanos no gozan ni de luz ni de libertad de expresión.
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Carlos Loret de Mola
Carlos Loret de Mola@CarlosLoret·
Si el régimen cubano hubiera querido, hubiera permitido desarrollo económico en la isla. El historiador @EnriqueKrauze en @latinus_us
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Keşfet

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