Dick Tracy

New look at Anne Hathaway in David Lowery’s ‘MOTHER MARY’. 📷 Releasing in theaters on April 17.

MOTOSIERRA SIN FIN: MILEI ORDENÓ BAJAR EL 2,5% DEL GASTO PORQUE ESTIMAN EN $ 5 BILLONES EL PAGADIOS A LOS PROVEEDORES, OBRAS SOCIALES, SUBSIDIOS AL TRANSPORTE, PAMI, PROVINCIAS Y EXPORTADORES SUPERAVIT FISCAL ES DEJAR DE PAGAR O “PISAR” LOS PAGOS La caída de la recaudación del 4,5 % en marzo y la falta de recursos encendieron las alarmas y el Gobierno ordenó dejare de pagar reintegros de IVA de exportaciones y gastos sociales, PAMI, y de servicios que consume El gobierno de Javier Milei activó una nueva fase del ajuste fiscal ante el deterioro de los ingresos. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ordenó un recorte del gasto del 2,5% del presupuesto en toda la administración pública, con fecha al 30 de abril, porque la caída de ingresos, por octavo mes consecutivo (alcanzó en marzo el 4,5%) disparó la orden del Presidente de no pagar las deudas con proveedores, obras sociales, PAMI, subsidios al transporte, provincias, y reintegros del IVA a exportadores, y esa deuda flotante se estima en unos 5 billones de pesos. La poda de gastos se compone de una reducción del 2% en el gasto corriente y 20% en el gasto de capital (obras de infraestructura), en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, caída de la recaudación y acumulación de deudas con proveedores. Los funcionarios de Economía estiman la deuda flotante del Estado, es decir, compromisos devengados (autorizados) pero no pagados, en torno a los $5 billones en lo que va del año. En el Gobierno reconocen que este nuevo endurecimiento responde a la “motosierra a full” que impulsa el presidente Javier Milei, en medio de una situación fiscal cada vez más exigente, que algunos describen como “círculo vicioso”. “No, el ajuste es más motosierra, lo que se viene haciendo”, dijo un vocero del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, en un intento por exhibir un gesto de austeridad en medio de fuertes denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y cuestionamientos en el uso de fondos públicos. Fue enfático en un intento por contener las tensiones y las controversias que se vienen por el ajuste en toda la gestión. El ajuste se produce tras la caída del 4,5% real interanual de la recaudación en marzo, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige Nadin Argañaraz, en base a datos de Economía. Se trata del octavo mes consecutivo de retroceso en los ingresos tributarios, una dinámica que, según fuentes técnicas, refleja el enfriamiento de la actividad económica y anticipa un escenario aún más complejo para abril y mayo, hasta que ingresen recursos por retenciones del agro. Desde el área económica describen una situación crítica: la recaudación “viene en caída libre” y el Estado enfrenta una “restricción fenomenal” de caja. Los ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos indispensables como salarios, mientras que el resto de las erogaciones permanece “pisado”, con pagos demorados en múltiples áreas. En esa línea, advierten que el esquema de presupuesto base cero funciona como un “doble torniquete” que profundiza la recesión: ajuste, menor actividad, se reduce la recaudación y, a su vez, obliga a nuevos recortes y profundiza la recesión y la baja de recaudación. Entre las medidas más sensibles figura la interrupción de reintegros de IVA a exportadores y la postergación de pagos a proveedores como los subsidios a las empresas de transporte, las transferencias a las obras sociales, al PAMI o a las provincias. Fuentes del ARCA confirmaron que la orden de Economía es no abonar esos reintegros del IVA a los exportadores, lo que abre la posibilidad de litigios millonarios contra el Estado. “Los reintegros a las exportaciones o al IVA, como todo pago en este gobierno, están absolutamente parados”, señalaron desde el organismo, donde crece la preocupación por el impacto legal y operativo de la decisión. Podría arreciar una catarata de juicios contra el Estado que la justicia convalidaría con la sumatoria de los resarcimientos más las costas de los abogados. Un funcionario del área advirtió que la situación podría derivar en juicios con costos adicionales por multas e intereses, y cuestionó la falta de previsión: “No podemos dejar a la repartición a la deriva. Este gobierno algún día desaparecerá y nosotros seguiremos. Hay que tratar de ordenarse dentro de este caos”. Desde Economía admiten que la política de postergación de pagos se viene profundizando mes a mes: comenzó en enero con subsidios al transporte, se amplió en febrero a gastos sociales y PAMI, y continuó extendiéndose al resto de las áreas. En paralelo, crecen los conflictos sectoriales. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en rechazo a recortes salariales y cambios en el esquema de prestaciones, con advertencias sobre la viabilidad económica del sistema y posibles consecuencias legales. El deterioro fiscal también se refleja en la dinámica de la deuda flotante. Los últimos datos oficiales disponibles, a diciembre de 2025, mostraban un nivel de deuda flotante 100% superior al de un año antes. Dado que los primeros meses del año suelen registrar mayores niveles de gasto devengado, en el Palacio de Hacienda estiman que actualmente podría ubicarse, como mínimo, en los $5 billones. “No la están informando”, admiten fuentes oficiales, que reconocen que la magnitud del problema “es muy grande”. Mientras tanto, el ajuste no alcanza a todos los rubros. Por ejemplo, el pago de intereses de la deuda se cumple religiosamente. Solo en marzo se pagaron $600.000 millones en intereses de deuda, lo que equivale a $19.354 millones diarios. “Ahora la motosierra llegó a todos menos a los intereses”, señalan en despachos oficiales. Los recortes se extienden a múltiples partidas. Al 31 de marzo se registran caídas del 4,9% en prestaciones de la seguridad social, 5,9% en universidades y 38% en transferencias a provincias, con una baja de la recaudación nacional afectada a la coparticipación del 6,5%. El caso del PAMI es particularmente crítico, con un recorte del 60% solo en marzo. En el plano de la actividad, los indicadores también reflejan un escenario contractivo. Según el INDEC, la industria manufacturera cayó 8,7% interanual en febrero y 4% respecto de enero, acumulando una baja del 6% en el año. Catorce de las 16 ramas industriales mostraron retrocesos, con caídas destacadas en automotores, textiles, maquinaria y prendas de vestir. Solo refinación de petróleo y productos químicos registraron subas, sin lograr compensar el descenso general. La construcción también evidenció debilidad: el índice sectorial cayó 0,7% interanual y 1,3% mensual, aunque acumuló una leve suba del 0,3% en el primer bimestre. El consumo de insumos mostró comportamientos dispares, con aumentos en algunos materiales y caídas en otros como cemento, ladrillos y yeso. El empleo formal en el sector, sin embargo, creció 3,6% interanual en enero, superando los 386.000 puestos. “Nos deben mucha plata en algunos casos deuda del 2023”, confirmó el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss. En términos fiscales, la recaudación de marzo alcanzó los $16 billones, con un aumento nominal del 26,2% pero una caída real de 4,5%. En el primer trimestre, la baja acumulada es del 7,5% real, el peor registro desde 2013 según la consultora Empiria. La contracción se explica por menores ingresos del comercio exterior (-27%), el empleo (-4%) y la actividad (-2,9%). El economista Lucas Tettamanti señaló que la caída en comercio exterior responde en parte al adelantamiento de exportaciones tras la suspensión de retenciones en 2025, mientras que la reducción de aranceles a importaciones también impactó en la recaudación. Los datos del IARAF confirman la tendencia: los derechos de exportación cayeron 35,3% real interanual en marzo, los impuestos internos 13,7% y los derechos de importación 11,8%. El IVA —principal tributo— retrocedió 2,6% real, mientras que los aportes a la seguridad social bajaron 2,8%. Solo se registraron subas en el impuesto a los combustibles (35,3%) y una variación del 4,7% en el impuesto al cheque. Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó en su informe de este lunes que el gasto público total se redujo 30% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2023. En ese contexto, la deuda pública representa el 13% del gasto total, mientras que la Secretaría de Inteligencia incrementó su ejecución en un 35%. El informe mide el porcentaje de ejecución de 2026 contra el del primer trimestre de 2023, cuando aún gobernaba Alberto Fernández. Se registraron fuertes rebajas en la ejecución presupuestaria áreas clave: Salud: ANMAT -33%, Malbrán -35%, hospitales hasta -52%, con excepción del INCUCAI +146%. En ciencia, bajas del 32% en CONICET, 59% en CONAE y 83% en investigación; en educación, eliminación total de Conectar Igualdad, recortes del 82% en becas y 96% en infraestructura; en desarrollo social, caídas del 84% en INAES, 77% en SENAF, 69% en comedores y 94% en programas de primera infancia; y en obra pública, reducciones de entre 78% y 100% en rutas, puentes y vivienda. A esto se suman recortes de hasta el 100% en transferencias a provincias y deudas acumuladas con el sector de la construcción, donde aseguran que el Estado aún adeuda pagos previos a la actual gestión. En este contexto, fuentes allegadas al jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni buscaron relativizar el impacto del ajuste: “No, el ajuste es más motosierra, lo que se viene haciendo”. Fue enfático en un intento por contener las tensiones y las controversias por el ajuste que viene. Sin embargo, el deterioro de los indicadores económicos y los conflictos políticos —incluyendo cuestionamientos por gastos y viajes oficiales— mantienen bajo presión al Gobierno, que enfrenta el desafío de sostener el equilibrio fiscal en un escenario de recesión, caída de ingresos y creciente conflictividad.

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