Divlotre

La pastelería La Suiza olía siempre a mantequilla caliente y vainilla. Era un local pequeño y familiar en la avenida de Schultz, en Gijón, donde José Álvarez Meana había pasado toda su vida adulta horneando tartas y atendiendo clientes con la misma rutina de siempre. Tenía sesenta y pocos años, manos ásperas de tanto amasar y una única obsesión: mantener el negocio a flote en tiempos difíciles. Una mañana de mediados de junio de 2016, Eulalia, una de sus empleadas, que estaba embarazada de varios meses, se sintió indispuesta. Pidió permiso para marcharse. José, agobiado por el turno y sin ver una urgencia evidente, le pidió que esperara un poco y que avisara si empeoraba. Eulalia llamó a su pareja, Héctor. Él llegó furioso, gritando en medio del local. La discusión subió de tono. En un arrebato, Héctor golpeó con el puño el armario del congelador. La puerta se abolló y el mecanismo quedó dañado. Coste aproximado: casi dos mil euros. José no lo dudó. Esa misma tarde presentó denuncia por daños y amenazas. No era la primera vez que le daban problemas los empleados, pero esto cruzaba una línea. Eulalia se marchó a casa y, al día siguiente, inició una baja laboral por riesgo de aborto. Permaneció de baja hasta mayo de 2017, incluyendo la maternidad. No volvió nunca. Mientras el procedimiento penal contra Héctor avanzaba hacia juicio oral, Eulalia empezó a mover hilos. Contactó con personas dispuestas a ayudarla y presentó una denuncia contra José por acoso laboral y sexual: humillaciones, sobrecarga, comentarios sobre su cuerpo durante el embarazo, horas extras no pagadas. Esa denuncia fue archivada por falta de pruebas. José la denunció por denuncia falsa. Pero el verdadero nudo estaba en otra parte. Eulalia no quería volver. Quería dinero y, sobre todo, que José retirara la denuncia contra Héctor. En las reuniones de mediación, la petición fue clara: indemnización de unos seis mil euros por despido improcedente y retirada inmediata de la denuncia penal contra su pareja. José se negó. No iba a pagar por un despido que no había formalizado y, menos aún, iba a retirar una denuncia por un destrozo que había sufrido en su propio negocio. “El que rompe, paga”, repetía. A partir de ahí, todo cambió. Durante meses, principalmente entre mayo y septiembre de 2017, el local se convirtió en el centro de una presión constante. Grupos de perroflautas malolientes se concentraban frente a la puerta. Pancartas, megáfono, pasquines que acusaban a José de acosador. Un vídeo circulaba por redes sociales. La familia recibía llamadas y miradas hostiles. José y su hijo Pablo veían cómo los clientes se reducían, cómo el ambiente se enrarecía hasta hacerse irrespirable. El negocio, ya debilitado, terminó cerrando. El local se vendió vacío, por menos de lo esperado. José denunció el hostigamiento. La instrucción fue larga. Se identificó a varios participantes. En junio de 2021, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón condenó a seis personas a tres años y seis meses de prisión cada una: dos años por coacciones graves y un año y seis meses por delito contra la administración de justicia. La indemnización conjunta ascendía a 125.428 euros. La Audiencia Provincial ratificó. El Tribunal Supremo, en junio de 2024, confirmó la sentencia en todos sus términos. Los hechos probados eran claros: existió una actuación concertada, orquestada y prolongada para presionar al empresario y obligarle a retirar la denuncia contra Héctor y a pagar la indemnización. No se trató de simples piquetes informativos, sino de un hostigamiento que superó los límites y provocó el cierre del negocio. En julio de 2025, las seis personas ingresaron en la prisión de Villabona. Días después obtuvieron el tercer grado. Este abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un indulto parcial que las liberó de la pena de cárcel, aunque la responsabilidad civil permaneció intacta. Pablo Álvarez Meana, el hijo de José, anunció recurso contra el indulto. Para él, aquello no era justicia: era una bofetada a un hombre que solo había defendido su propiedad y su dignidad. José Álvarez Meana nunca volvió a abrir otra pastelería. Vendió las máquinas, cerró la persiana y se retiró. A veces, cuando pasea por Gijón, mira hacia el local vacío y recuerda aquel día en que un puñetazo en un congelador desató una tormenta que terminó con su vida laboral. El acoso nunca se probó. Pero para José, el daño fue irreversible: un negocio destruido, meses de angustia y la sensación de que, en este país, quien defiende lo suyo puede terminar siendo el villano de la historia. La pastelería La Suiza ya no existe. Solo queda el olor a vainilla en el recuerdo de quien la conoció, y la certeza de que, a veces, una negativa rotunda a retirar una denuncia puede costar muy caro.

Hay mucha gente despistada con el tema de las 6 de la Suiza y se piensa que la pastelería era un negocio pequeño y familiar. La verdad es que la familia propietaria es una estirpe de garrapatas antisindicales con muchos recursos y contactos dentro del mundo judicial.