Javier Caicedo

Un terrorífico abismo sin fin, así se ven las hilachas de lo que queda de democracia en Ecuador. Lo describo en resumen, pues si contamos toda la historia no acabamos: La Revolución Ciudadana, el mayor movimiento político del país, fue proscrita. Las elecciones seccionales de febrero de 2027 se adelantaron a noviembre de 2026, a pesar de que la ley establece que las elecciones deben realizarse el mismo año de posesión de las nuevas autoridades. Ahora sancionan y suspenden a AMIGO, lista 16, movimiento que, de manera valiente, abrió sus puertas para que las y los candidatos de la Revolución Ciudadana pudieran participar y para que la ciudadanía no perdiera su derecho político a elegir. Esta sería la quinta vez, en nueve años, que las y los militantes de la Revolución Ciudadana nos vemos obligados a tener otro número y otro membrete político, a pesar de que nuestro ideario no ha cambiado. Fuimos lista 35, luego 5, luego 1, luego otra vez 5 y ahora seríamos 16. ¿Acaso esto no es una clara muestra de persecución y de vulneración de nuestros derechos políticos? En línea paralela, son ya nueve años en que las instituciones del Estado han sido funcionalizadas para perseguir y hostigar a adversarios políticos, mientras varios medios de comunicación asesinan a diario la reputación de políticos progresistas o de quienes resultan incómodos para el poder. Por lo dicho, lo que está ocurriendo en la política nacional debe indignarnos como país. Ya no se trata de una persona o de un partido político. Se trata de nuestra democracia, del Estado de Derecho y del derecho que tiene cada ecuatoriana y ecuatoriano a elegir libremente. Para el caso de Quito, la ciudad a la que represento, esto significa una afectación directa al derecho de su población a elegir a sus autoridades. Todo el hostigamiento y la persecución de la que he sido objeto ya no es una agresión solo contra mí. Es un golpe contra quienes me eligieron y contra quienes quisieran volver a confiar en nuestro proyecto de ciudad. Esto también debe preocupar a quienes no comparten nuestras ideas. Porque cuando se limita la participación de una organización política, lo que está en juego no es únicamente el futuro de esa organización: está en juego el derecho de toda la ciudadanía a decidir entre todas las opciones y a que nadie le imponga quién puede y quién no puede participar. En lo personal y como organización buscaremos todas las formas democráticas y legales que permitan defender el derecho político de la gente a elegir. Pero el desafío de hoy no es personal; es colectivo. Es deber de toda persona demócrata, sin importar su ideología, defender las bases mínimas de nuestra democracia. Defender a Quito, Luz de América, también es defender la libertad de sus habitantes para decidir su futuro. Y ese derecho merece ser protegido por todos, más allá de cualquier diferencia política.