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Cuando el ICE se fundó en 1949, el país no estaba pensando únicamente en kilovatios. Estaba pensando en desarrollo. En comunidades rurales con acceso a refrigeración para medicinas. En familias que pudieran conservar alimentos. En estudiantes que pudieran estudiar de noche. En clínicas con equipos básicos. En fincas con tecnología. En empresas que pudieran nacer fuera de la capital. La electricidad es una tecnología de propósito general. Como tal, más que producir un bien específico, produce las condiciones para que muchas otras cosas sean posibles. Es un habilitador del desarrollo. Por eso Costa Rica decidió, en su momento, que este recurso no podía quedar sujeto únicamente a la lógica de la rentabilidad privada o de mercado. Y funcionó. El país alcanzó una cobertura superior al 99%, una matriz casi totalmente renovable y una de las tarifas residenciales más competitivas de Centroamérica. Lejos de darse por accidente o por suerte, esos resultados se dieron porque hubo planificación pública, inversión de largo plazo y una comprensión clara de que la energía es infraestructura estratégica. Costa Rica ya tiene un sistema eléctrico con logros enormes: cobertura prácticamente universal, matriz mayoritariamente renovable, tarifas competitivas en la región y un principio de solidaridad territorial que ha permitido llevar electricidad a todo el país, no solo a los lugares más rentables. Ahora bien, reconocer ese logro no significa negar los problemas actuales. Sí: el ICE necesita modernizarse. Sí: la capacidad de inversión pública es limitada. Sí: el modelo actual tiene ineficiencias reales que deben corregirse. También hay un escalamiento eléctrico que está llegando, impulsado por la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial, que ni el proyecto 23.414 ni el debate político actual están contemplando con la seriedad necesaria. El Plan Nacional de Descarbonización exige que el 30% de la flota ligera sea eléctrica al 2035. Eso implica cientos de miles de vehículos cargándose, probablemente, en horarios donde el sistema ya enfrenta presión. A eso se suma una nueva demanda que casi nadie está discutiendo: la inteligencia artificial. Cada consulta, cada modelo, cada sistema de automatización, cada centro de datos, cada plataforma educativa, empresarial o gubernamental basada en IA consume energía. La economía digital, lejos de flotar en el aire, requiere electricidad, capacidad de cómputo, redes, almacenamiento y planificación. Si bien el proyecto actual, entre sus virtudes, aporta una respuesta posible (entre muchas) sobre cómo organizar el mercado existente, no responde cómo escalar el sistema para el mundo que viene. El problema central del proyecto actual es que reorganiza una de las infraestructuras más importantes del país sin demostrar, con suficiente evidencia pública, que el nuevo modelo protegerá lo que Costa Rica ya ha logrado. Además, crea un nuevo operador, abre un mercado mayorista, modifica el papel histórico del ICE y habilita nuevas formas de participación privada, pero no incorpora mecanismos vinculantes que garanticen que las supuestas eficiencias se traduzcan en mejores tarifas para los hogares, las pequeñas empresas y las comunidades rurales. También deja preguntas críticas sin resolver. No hay modelaciones tarifarias públicas suficientemente claras. No hay salvaguardas robustas contra la pérdida de solidaridad si grandes consumidores migran a mejores contratos. No hay un mecanismo claro para redistribuir beneficios de exportación eléctrica hacia el sistema. No se explica con suficiente detalle cuánto costará crear y operar el ECOSEN ni cómo ese costo impactará la tarifa final. Todo esto, además, ocurre en medio de una conversación pública cargada de exageraciones y especulaciones tanto de quienes están a favor como de quienes están en contra. Tampoco se abordan con la profundidad necesaria los riesgos de concentración de mercado, conflictividad ambiental, canibalización solar, almacenamiento, respaldo y planificación de largo plazo. Una reforma de esta magnitud no debería aprobarse solo porque promete eficiencia, trasladando todo el riesgo al usuario final. ¿Cuánta nueva capacidad firme necesita el país antes de 2035? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuál debe ser la meta nacional de almacenamiento? ¿Cómo vamos a gestionar la carga de vehículos eléctricos? ¿Qué señales tarifarias necesitamos? ¿Cómo protegemos a los hogares si los grandes consumidores negocian por fuera del esquema regulado? ¿Dónde está el plan para la demanda eléctrica de la inteligencia artificial? Modernizar no puede reducirse a cambiar quién opera el mercado. Modernizar no puede significar improvisar. Competitividad no puede significar trasladar riesgos al usuario residencial. Y abrir espacio a inversión privada no puede hacerse debilitando garantías públicas que han funcionado durante décadas. Modernizar es construir un sistema capaz de sostener la siguiente etapa de desarrollo del país. Necesitamos más inversión, más capacidad, más tecnología, más eficiencia, más almacenamiento, más generación renovable y mejores condiciones para una economía cada vez más intensiva en energía, datos e inteligencia artificial. Necesitamos una reforma eléctrica moderna, técnica y orientada al futuro. Pero una reforma eléctrica de esta magnitud no se puede aprobar con fe. Se tiene que aprobar con evidencia, modelaciones, garantías y salvaguardas claras. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo estatal y liberalización mal diseñada. No debe escoger entre nostalgia estatal y fe ciega en el mercado. Debe construir una reforma seria, gradual, transparente y con garantías reales para la ciudadanía. Muchos países han logrado modernizar su sistema eléctrico con planificación pública, inversión privada, subastas competitivas y una expansión acelerada de renovables.