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La televisión pública TVE presenta un documental sobre el apagón que no es más que un ejercicio de exculpación de Red Eléctrica de España, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Gobierno, en el marco de una política energética condicionada por decisiones ideológicas y no técnicas.
El tráiler del documental titulado ’Se nos ha ido de las manos’ pone en primer plano a representantes del lobby renovable, con un evidente conflicto de intereses, que reducen todo a un mensaje simplista, casi infantil, y desvían el foco de lo que realmente falló. Nadie serio sostiene que la culpa sea de «las renovables». El problema fue otro.
Los audios filtrados entre técnicos del sistema y operadores, que Red Eléctrica no quiere que se hagan públicos, son especialmente reveladores. En ellos se describe la dificultad de gestionar una proporción elevada de generación variable sin suficiente respaldo firme, con referencias explícitas a la falta de nuclear en el sistema en momentos determinados. No es un debate teórico, es la operativa real en situaciones críticas y bajo tensión.
El sistema se operó durante muchos días con una proporción insuficiente de potencia firme frente a generación variable. Lo sabemos todos en el sector eléctrico, incluso los participantes en el documental. La potencia firme es la que puedes programar y que aporta estabilidad cuando la necesitas, como la nuclear, los ciclos combinados de gas y la hidráulica gestionable. La generación variable depende del recurso en cada momento, como la eólica y la solar.
Cuando esa relación se desequilibra, faltan inercia, control de tensión y capacidad de respuesta rápida, que es lo que mantiene la estabilidad de la red. Por eso, desde el apagón, Red Eléctrica opera en modo reforzado, con más potencia firme programada y más restricciones técnicas para sostener el sistema. Es una operación más conservadora que encarece el precio de la electricidad, pero aumenta la seguridad. Ese cambio es un reconocimiento tácito y una prueba de que antes del apagón faltaba potencia firme.
A esto se suma un fallo de diseño que se arrastra desde hace años. Red Eléctrica de España ya había advertido de la necesidad de reforzar los requisitos de control de tensión en renovables, pero la CNMC no adaptó la normativa. Tras el apagón se introdujeron cambios para exigir mayor capacidad de control, pero el sistema sigue operando en modo reforzado. Eso indica que la corrección llega tarde, que su despliegue no es inmediato y que, incluso así, no sustituye completamente el papel de la potencia firme.
La CNMC ha reaccionado abriendo decenas de expedientes sancionadores a múltiples agentes del sistema, incluidas centrales nucleares. Todo apunta a un movimiento que tarta de diluir responsabilidades y desplazar el foco. Muchos de esos expedientes previsiblemente se cerrarán sin consecuencias dentro de meses, cuando el impacto mediático sea inexistente. Aunque yo me encargaré de recordarlo.
El Gobierno adoptó una posición defensiva desde el primer momento. Fue el propio Pedro Sánchez quien afirmó que el apagón no fue culpa de las renovables y que la nuclear no lo evitó, obviando que más del 50% del parque nuclear estaba parado con autorización de Red Eléctrica, y fijando así el marco ideológico del debate desde el inicio. Ese énfasis no responde a una acusación técnica dominante, sino a la necesidad de proteger una política energética concreta de «apostarlo todo al verde».
La responsabilidad no es difusa, recae en quien opera la red, en quien regula y en quien fija las directrices. Red Eléctrica debía garantizar la seguridad de suministro, la CNMC debía establecer tiempo los requisitos técnicos, y el Gobierno es quien define la orientación de la política energética bajo la que se toman esas decisiones tan temerarias.
La 1@La1_tve
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