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Un caso único en los anales de la historia judicial: la Audiencia Nacional.
La subsistencia de la Audiencia Nacional explica claramente la continuidad entre el régimen franquista y el actual. Se trata del mismo tribunal creado en 1963 por el franquismo con el nombre de Tribunal de Orden Público, que subsistió hasta enero de 1977, cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba tres decretos-leyes. El primero disolvía el Tribunal de Orden Público; el segundo creaba la Audiencia Nacional; y el tercero trasladaba las competencias del uno al otro.
Hasta el estudiante de Derecho más tonto sabe que en ningún país del mundo se pueden crear tribunales por decreto-ley; España debe ser el único que lo hizo con la Audiencia Nacional. Por consiguiente, la Audiencia Nacional es un tribunal creado ilegalmente.
En la Audiencia Nacional los jueces eran los mismos que en el Tribunal de Orden Público, los fiscales también eran los mismos, las leyes eran las mismas, los procedimientos eran los mismos, la sede judicial era la misma, utilizaban las mismas máquinas de escribir y en la puerta de entrada a la Audiencia Nacional había un letrero que decía: "Tribunal de Orden Público".
No había cambiado nada.
Uno de los jueces que pasó del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional fue Rafael Gómez Chaparro, un prototipo de juez nazi. En la Audiencia Nacional le correspondió instruir muchos asuntos, pero de entre ellos destacaron tres, típicos de la época:
1. El sumario de Montejurra, sucesos ocurridos en 1976, cuando los fascistas asesinaron a dos personas que celebraban un acto político en aquel monte de Navarra.
2. El asesinato en Madrid de Arturo Ruiz en enero de 1977 durante una manifestación por la amnistía, cuyo máximo responsable huyó y jamás ha sido buscado.
3. La matanza de Atocha, ocurrida en enero de 1977.
Los abogados de Comisiones Obreras siempre sostuvieron que para ocultar a los responsables de la matanza de Atocha Gómez Chaparro obstruyó la investigación de los hechos, dificultando la práctica de aquellas diligencias que podrían conducir al conocimiento de los instigadores del atentado y de los encubridores de los presuntos asesinos.
El juez era amigo de los fascistas implicados en el asesinato. Tras prestar declaración en el sumario, el juez cogió del brazo al dirigente del sindicato vertical, Juan García Carrés, para acompañarle personalmente hasta la sala donde esperaba, también para declarar en dicho sumario, el dirigente falangista Raimundo Fernández-Cuesta.
Al juez no le bastó el sabotaje en el sumario. En 1979 le concedió permiso para salir de la cárcel a uno de los asesinos, Fernando Lerdo de Tejada, a la que no volvió.
En realidad, todos los acusados estuvieron más tiempo fueran que dentro de la cárcel. Francisco Albadalejo, principal acusado, obtuvo permiso de dos días para asistir a la boda de una hija, y permaneció en casa en las Navidades de 1978 después de haber dirigido al juez un escrito, explicando que sus hijos tenían vacaciones y deseaba estar junto a ellos en esas fechas, de tan marcado carácter religioso.
Por su parte, Fernández Cerrá, otro de los acusados, salió varias veces de la cárcel para ser asistido en un hospital de una dolencia de estómago y para arreglarse la dentadura.
El juez no fue sancionado ni depurado a causa de ello sino trasladado "a petición propia" en 1979 al Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, donde siguió haciendo de las suyas: en 1984 fue acusado de prevaricación (dictar a sabiendas una sentencia injusta) y falsificación de documento.
En España los derechos de las personas están en manos de jueces de esa calaña. Por más atropellos que cometan, jamás son depurados.
OUTSIDERS.ESP@outsidersesp
La Audiencia Nacional paraliza el reconocimiento de la Puerta del Sol (lugar donde se encontraba la Dirección General de Seguridad franquista) como Lugar de Memoria. La medida se produce pocos días después de que el mismo tribunal absuelva al partido fascista Falange por homenajear a Primo de Rivera, a pesar de que la Ley de Memoria Democrática prohíbe este tipo de actos.
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