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Ojo con esto del “Gemelo Digital social”. Por ahora solo humo de marketing pero dejo algunas reflexiones iniciales sobre este obsequio a Palantir.
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El gobierno argentino acaba de anunciar el primer “gemelo digital-social”: un sistema de IA que integra datos de millones de personas para “simular, anticipar y optimizar” políticas públicas.
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La falta de información sobre los contratos, auditorías y límites del proyecto genera una profunda preocupación. El anuncio oficial se presenta con música épica y gráficos de IA, como si cruzar los datos de todos los argentinos y entregarlos a empresas extranjeras para “predecir el futuro” fuera algo inofensivo. Esa liviandad es parte del problema.
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Empecemos por lo básico: ¿de quién son esos datos? Son de todos los argentinos. De cada uno. De los que cobran una jubilación y los que pagan impuestos. De los que usan el sistema de salud público y los que tienen obra social. Almacena información de quienes reciben asistencia social y de quienes solo interactúan con el Estado para renovar el DNI. Nadie consintió ser materia prima de ningún modelo.
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La Corte Suprema lo acaba de resolver en Torres Abad c/ ANSES: el Estado no puede usar datos personales para fines distintos al que motivó su recolección sin que el titular lo sepa. Cuando alguien se atendió en un hospital público, dio sus datos para recibir atención médica. Cuando alguien se registró en ANSES, lo hizo para acceder a un beneficio. Ninguno de ellos autorizó que esos datos alimenten un modelo de IA. No hay zona gris.
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El anuncio convoca a “los principales actores del mundo” para construir “el primer modelo global”. Es urgente conocer quiénes son estas empresas, qué dice la letra chica y qué nivel de acceso tendrán a la información. Compañías como Palantir, con contratos activos con agencias de inteligencia y fuerzas armadas extranjeras, están sujetas al CLOUD Act: una norma que las obliga a entregar datos a las autoridades estadounidenses sin importar dónde estén almacenados.
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Eso significa que los datos de todos los argentinos quedan al alcance de una jurisdicción extranjera. Lo que el Estado sabe sobre cada uno de nosotros puede terminar en manos de un gobierno que no elegimos y ante el cual no tenemos ningún derecho, todo esto sin la mediación de una orden judicial argentina, sin aviso previo y sin posibilidad de recurrir la medida.
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Y una vez que la gestión pública depende de infraestructura extranjera, salir de ahí tiene un costo político y operativo que pocos gobiernos están dispuestos a pagar. Los datos, los modelos, los sistemas integrados: todo queda del otro lado. Pagamos dos veces: con nuestros datos y con nuestros impuestos. Y después quedamos atados.
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¿De qué datos hablamos concretamente? De historias clínicas. De deudas y situación patrimonial. De beneficios sociales. De registros judiciales. De comportamiento de consumo. De todo lo que el Estado sabe sobre cada uno de nosotros. Y potencialmente de lo que hacemos en nuestras casas: a qué le damos like, qué miramos, qué compramos. El anuncio no pone límites. Nadie preguntó hasta dónde llega.
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¿Qué significa “optimizar”? Siempre implica una función objetivo. Alguien decide qué se maximiza. En el anuncio esa decisión está escondida detrás de palabras como “desarrollo humano” y “autonomía”. Un sistema que cruza este volumen de datos sobre la población, manejado por empresas que responden a otras jurisdicciones, opera de manera fáctica como una herramienta de ajuste y control social, independientemente de la denominación que reciba.
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Hacen falta respuestas concretas sobre quiénes son los proveedores, bajo qué condiciones acceden a los datos, quién audita los algoritmos y qué pasa si algo sale mal. Esas respuestas tienen que estar en una ley del Congreso, no en un anuncio de 91 segundos con música épica.
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