EdwinCastroE

Hoy en Caracol Radio W, coincidimos dos representantes de Caldas en la discusión sobre las concesiones del Eje Cafetero. Más allá de las diferencias sobre el fondo del debate, sí quedó algo absolutamente claro: existe una clase política que convirtió en dogma la idea de que todo lo público fracasa y que lo privado, aun cuando ha estado involucrado en algunos de los mayores escándalos de corrupción, sobrecostos y debacles de infraestructura del país, jamás puede ser cuestionado. Reducen toda discusión al supuesto “mal gerenciamiento de lo público”, pero guardan silencio frente a contratos donde el riesgo prácticamente desaparece para el privado y termina respaldado por el Estado. Así han construido durante décadas un modelo donde se remata lo público, se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Y ahí es donde este Gobierno ha cambiado algo mucho más profundo que obras o cifras: le devolvió al país una discusión de fondo sobre el valor de lo público y sobre para quién debe funcionar el Estado. Porque una concesión a 30 años, con una TIR cercana al 15%, con garantías estatales si no se cumplen los ingresos esperados, no es precisamente un “libre mercado”. Es un negocio extraordinario blindado con recursos públicos. Más grave aún cuando hablamos de concesiones cuestionadas por incumplimientos y retrasos, pero que siguen siendo defendidas con fanatismo por quienes jamás incomodan a los grandes intereses económicos. Lo increíble es que cuando se plantea darle un respiro a una ciudadanía sitiada por cuatro peajes en menos de 20 kilómetros, entonces sí aparecen los guardianes del “orden económico” a decir que eso es un atentado contra la institucionalidad. A veces pareciera que crecimos en un país donde enriquecer banqueros y megapoderosos a costa del interés ciudadano se volvió una regla moral. Y justamente esa debería ser la discusión de fondo: si seguimos arrodillados ante esos dogmas o si, como sociedad, empezamos a construir una idea real de justicia social y de defensa de lo que es de todos. caracol.com.co/2026/05/26/pel…

El anuncio de @elheraldoco de respaldar abiertamente a un candidato presidencial a ocho días de la primera vuelta es grave. El Grupo Gilinski, dueño de El País, Semana y El Heraldo, deja claro que ha roto la neutralidad informativa, que es un deber ético. Cuando un medio quiebra esa neutralidad, se convierte en un actor político más. Y los medios no son actores políticos, son garantes del derecho a la información de la ciudadanía. Decir que con este respaldo buscan "guiar" el sufragio bajo un manto de "valores democráticos" es una contradicción profunda, porque la esencia de la democracia es la autonomía del ciudadano, no la línea editorial impuesta. Exigimos independencia periodística. Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la información. Los medios deben fiscalizar al poder, no proclamarlo. Que un medio anuncie que respaldará a un mandatario, pero que "lo vigilará si gana", no es contrapeso, es coartada. La democracia colombiana merece medios libres, no militantes. Merece periodismo crítico, no editoriales que pretendan reemplazar la voluntad popular; merece una libertad de prensa genuina, sin ataduras políticas, donde se garantice el derecho del pueblo a decidir sin campañas encubiertas, donde el único poder soberano sea el voto informado y autónomo.