Ulises Mora retweetledi

Un concurso para jueces fue señalado por filtración y venta de respuestas; años después, uno de los magistrados sancionados regresó al cargo y el Estado tuvo que pagarle millones. ¿Por qué? Porque la autoridad investigó mal.
Y aquí está la lección brutal: en un Estado constitucional, no basta con “tener sospechas”, ni siquiera con perseguir corrupción. Si el poder usa pruebas obtenidas ilegalmente, destruye su propio caso. La Constitución no es un adorno: es el límite que impide que cualquier autoridad investigue como quiera, incluso cuando el asunto indigna.
El verdadero costo no son sólo los 13 mdp. El costo es institucional: un caso que debía limpiar la carrera judicial terminó exhibiendo que el propio sistema disciplinario no supo respetar las reglas básicas del debido proceso. Cuando el Estado viola la Constitución para castigar, el castigo se cae. Y al final, pagamos todos.

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