Jorge Coronel@coroneljecl
Replica a la carta de los economistas que apoyan la institucionalidad del Banco de la República
La reciente carta suscrita por exministros de Hacienda, excodirectores del @BancoRepublica, exfuncionarios públicos, analistas, académicos y economistas en defensa de la autonomía del Emisor parte de una premisa institucional válida, pero incurre en una confusión de fondo, ya que defender la autonomía no equivale a blindar de crítica la orientación económica de sus acciones, en otras palabras, la autonomía del Banco no equivale a infalibilidad de sus decisiones, mejor dicho, la autonomía no es dogma.
Justamente una institución autónoma no está exenta de crítica democrática, económica y social; tampoco su condición de órgano independiente le otorga semejante blindaje soberano. Nadie discute que el @BancoRepublica es una institución constitucionalmente autónoma, lo que debe discutirse, con rigor y sin dogmatismos, es si la reciente decisión de elevar la tasa de interés al 11,25% responde de manera adecuada al manejo estructural de la inflación y al momento económico del país, incluso, si el cumplimiento de sus funciones básicas están alineadas con lo establecido en el artículo 371 de la Constitución, el cual dice que todas las funciones del Banco se deben ejercer en coordinación con la política económica general. Es decir, si bien la Constitución establece que @BancoRepublica es autónomo e independiente y debe velar por el control de la inflación, también define la necesidad de coordinación con la política económica, o mejor, subordina las funciones a dicha coordinación.
En este sentido, la carta de respaldo parece desplazar el debate sustantivo hacia un argumento de autoridad y produce la sensación de que como hablan exministros, excodirectores, etc., entonces la decisión es incuestionable. Este razonamiento es débil, porque desplaza el centro del debate y en lugar de responder por los efectos económicos de la medida, convierte la discusión en un asunto de defensa institucional abstracta. El argumento implícito es que toda crítica al Banco sería una amenaza a su independencia y esta tesis es insostenible, pues en un Estado social y democrático de derecho, la autonomía técnica no puede convertirse en inmunidad frente al escrutinio público.
La discusión podríamos centrarla en temas como:
· ¿Cuáles son los determinantes de la inflación actual? ¿Existen principalmente causas de demanda?
· ¿Cuál es el principal problema que se busca atacar con el aumento de la tasa de interés y realmente dicho aumento ataca directamente la causa real del problema?
· ¿Quiénes asumirán el costo del ajuste?
· ¿Quiénes se benefician con la medida y quiénes pagarán el costo de esta decisión monetaria, sabiendo que tiene efectos directos sobre créditos hipotecarios, consumo de los hogares, endeudamiento de las familias, inversión empresarial, pequeñas y medianas empresas, generación de empleo, entre otras?
Hay que reiterar que defender la autonomía del Banco no puede convertirse en blindaje frente al debate público. La Constitución protege su independencia funcional, pero no elimina el control político, académico y ciudadano sobre sus decisiones. De hecho, en una democracia constitucional, las instituciones técnicas también deben rendir cuentas por los efectos de sus políticas.
Quienes respaldan al Banco insisten en que controlar la inflación es prioritario, pero resulta que el punto crítico es que la inflación reciente en Colombia (controlada además) no responde exclusivamente a un exceso de demanda interna, sino a factores de oferta: choques climáticos, costos importados por las guerras, presión externa sobre combustibles, entre otros. En este contexto, subir la tasa de interés puede tener efecto nulo sobre la inflación, pero sí un impacto severo sobre la economía real, que, además, se encuentra en senda de crecimiento y es acá donde debe primar la coordinación de políticas (tema que no mencionan los economistas en la carta). Dicho en otras palabras, el banco puede estar aplicando una medicina monetaria clásica a una enfermedad que no es exclusivamente monetaria.
Claramente la decisión del Banco traslada el costo del ajuste antiinflacionario a quienes viven del trabajo, del crédito y de la producción, pues mientras el discurso técnico habla de “anclar expectativas”, en la práctica el ajuste recaerá sobre trabajadores, familias y sectores productivos. Pregunta: ¿Hasta dónde la “estabilidad monetaria” puede conseguirse sacrificando la economía real? Este es el punto que la carta de los exministros no aborda, probablemente por que asumen la racionalidad ortodoxa, donde se considera que la decisión del Banco responde a una racionalidad monetaria (ortodoxa) que asume que la inflación debe combatirse prioritariamente y por encima de cualquier otro objetivo. Grave error. Gravísimo error doctrinal que amerita serios debates.
En síntesis, respetar la autonomía del Banco de la República no significa aceptar sin crítica una política que traslada el costo del ajuste a la sociedad. La autonomía institucional no puede convertirse en un dogma tecnocrático que silencie el debate sobre sus consecuencias económicas y sociales.
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