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ECUADOR DEBE TOMAR CONCIENCIA DE QUE SU PRINCIPAL PROBLEMA ES LA TRANSMISIÓN GENERACIONAL DEL ATRASO La movilidad social significa que una persona o una familia puedan mejorar sus condiciones de vida respecto del punto de partida en el que nacieron. Implica que el origen social, el ingreso familiar, el territorio, la calidad de la educación o la ausencia de servicios públicos adecuados no determinen de manera permanente el futuro económico de las personas. Ecuador debe tomar conciencia de que su principal problema nacional es la transmisión generacional del atraso. No se trata solo de pobreza coyuntural ni de falta temporal de ingresos. Se trata de un amplio sector de la población que arrastra décadas de baja productividad, precariedad laboral, educación insuficiente, débil acceso a servicios públicos, escasa acumulación patrimonial e inmovilidad social. Ese peso no afecta únicamente a quienes lo padecen. También atrasa al país entero, porque reduce la productividad nacional, debilita el mercado interno, estrecha la base tributaria, deteriora la cohesión social y limita el desarrollo económico. Existió crecimiento económico en distintos períodos, pero no se convirtió en movilidad social extendida. La economía ecuatoriana creció por petróleo, endeudamiento, remesas, gasto público o ciclos externos favorables, pero no por una transformación sostenida de las capacidades humanas, productivas y tecnológicas de la mayoría. El país no construyó condiciones suficientes para que quienes quedaron rezagados también pudieran avanzar. Toda economía necesita inversión, empresas fuertes, innovación, productividad y generación de riqueza, pero el desarrollo solo se vuelve sostenible cuando esos factores se traducen en mejores capacidades y oportunidades para una parte cada vez mayor de la población. La igualdad sostenible no se construye hacia abajo. No consiste en deteriorar a quienes progresan, sino en elevar las capacidades de quienes permanecen atrapados en el atraso y la pobreza. El desarrollo debe ampliar oportunidades para que más personas puedan educarse, trabajar con estabilidad, acceder a salud, producir, acumular patrimonio y participar en actividades económicas de mayor productividad. La evidencia laboral confirma la profundidad de esta restricción. En marzo de 2026, el empleo adecuado representó apenas 32,1% de la Población Económicamente Activa, el desempleo fue 2,9% y la informalidad alcanzó 56,3% de las personas con empleo, según el INEC. Esto muestra que el problema laboral ecuatoriano continúa expresándose en la precariedad persistente de gran parte del trabajo disponible. Millones de personas trabajan, pero lo hacen con muy baja productividad, ingresos insuficientes e inestabilidad económica. El punto central de este trabajo está en esa restricción social y económica. Cuando la precariedad laboral se observa desde la capacidad real de compra de los hogares, la inmovilidad social deja de ser una idea abstracta. En marzo de 2026, la Canasta Familiar Básica oficial fue de USD 829,38 para un hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de ingresos. La evidencia distributiva utilizada en este análisis muestra que los tres primeros quintiles, equivalentes al 60% de las familias, no alcanzan a cubrir ese costo mensual. Por tanto, una mayoría social no solo enfrenta bajos ingresos. Vive atrapada en una restricción material que impide ahorrar, invertir en educación, mejorar vivienda, acceder oportunamente a salud, financiar emprendimientos productivos o acumular patrimonio. La pobreza y el atraso producen inmovilidad social masiva, y esa inmovilidad se convierte en un peso que perjudica a esas familias, afecta al resto de la sociedad y retrasa el avance económico del país. La pobreza, la informalidad y la insuficiencia de ingresos no son solo problemas sociales. Son restricciones macroeconómicas. Una economía donde una mayoría trabaja en actividades de baja productividad tiene menor capacidad de ahorro, menor consumo sostenible, una base tributaria más débil, menor acumulación de capital humano y menor capacidad de inversión productiva. Es así como el atraso de una parte amplia de la población ecuatoriana termina convirtiéndose en atraso nacional. Ecuador aplicó políticas sociales importantes en distintos períodos, pero fueron insuficientes, discontinuas o desconectadas de una estrategia productiva de largo plazo. El país alivió necesidades inmediatas, pero no construyó con suficiente fuerza las condiciones que permiten romper la transmisión generacional del atraso. El error histórico fue no sostener, durante décadas, una política nacional capaz de articular protección social, educación, formación técnica, salud, crédito productivo y empleo formal como parte de una misma estrategia de movilidad social. La dependencia de una economía extractiva y rentista agravó el problema. El petróleo financió gasto público, consumo e importaciones, pero no transformó de manera sostenida la estructura productiva ni elevó las capacidades económicas de la mayoría de la población. A ello se sumó una creciente acumulación de deuda pública, cuyo servicio absorbe una parte muy importante del Presupuesto General del Estado y reduce los recursos disponibles para inversión social, infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo productivo. También incidieron la corrupción, la improvisación, la captura política, la inestabilidad normativa y la baja calidad de la acción pública. Cuando las instituciones son débiles, el país no acumula capacidades, cada gobierno empieza de nuevo y cada crisis interrumpe procesos fundamentales. El Estado moderno existe para impedir que las desigualdades de origen se conviertan en condenas permanentes. El sector privado puede invertir, producir, innovar y generar empleo, pero no sustituye al Estado en la provisión de bienes públicos esenciales, seguridad, justicia, regulación, planificación e igualdad real de oportunidades. Sin un Estado eficaz, transparente y bien guiado, la movilidad social se debilita, el país desperdicia capacidades humanas y el atraso se reproduce de una generación a otra. Ecuador debe reconocer que su principal problema nacional está radicado en el atraso, la pobreza y la inmovilidad social de un amplio sector de la población. Esa realidad no es un problema aislado, sino una carga estructural que impide progresar a millones de personas y limita el desarrollo del país entero. Por eso, el objetivo nacional debe ser romper la transmisión generacional del atraso mediante movilidad social ascendente y extendida, no igualando hacia abajo, sino elevando las capacidades de quienes han permanecido excluidos del progreso. Esto exige instituciones sólidas, Estado de derecho, transparencia, seguridad, planificación, políticas públicas técnicamente diseñadas y una economía orientada a educación de calidad, salud eficiente, productividad, empleo adecuado, acumulación patrimonial y desarrollo humano. El atraso social del Ecuador no es inevitable. Es el resultado de décadas de políticas insuficientes, malas decisiones económicas, debilidad institucional y ausencia de una estrategia sostenida para construir capacidades humanas en toda la población. Romper esa dinámica debe ser una prioridad nacional, porque si Ecuador no rompe la transmisión generacional del atraso, seguirá arrastrando su principal limitación estructural para el desarrollo económico y social. Econ. Marco Flores T. Mayo 16 de 2026