Stardust✨

CGR: 910 funcionarios públicos apostaron más de $11 mil millones en casinos pese a tenerlo prohibido biobiochile.cl/noticias/nacio…

Recorrí un sector de @parquemetminvu en el que se tiraron a la basura 14 mil millones de pesos. Pero esto cambia ahora: solicité una auditoría para saber qué pasó acá. Un caso que llegó hasta el M. Público. Tenemos que recuperar este espacio para la ciudad y sus visitantes.

Recorrí un sector de @parquemetminvu en el que se tiraron a la basura 14 mil millones de pesos. Pero esto cambia ahora: solicité una auditoría para saber qué pasó acá. Un caso que llegó hasta el M. Público. Tenemos que recuperar este espacio para la ciudad y sus visitantes.

CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE SEGURIDAD. Trinidad Steinert. @MinSteinert Presente: Señora Ministra, He leído con atención —y no sin cierta perplejidad— su reciente declaración en la prensa, en la que afirma que tiene una ambiciosa misión: “La de recuperar el Estado de Derecho”. La frase, de apariencia solemne, tiene sin embargo un inconveniente mayor: presupone la pérdida de aquello que, en rigor, no se ha extraviado. Resulta inquietante que una autoridad encargada precisamente de resguardar el orden institucional sugiera, siquiera retóricamente, que Chile ha dejado de ser un Estado de Derecho. Porque si tal premisa fuese cierta, no estaríamos ante un problema comunicacional, sino ante una ruptura estructural de la República. Y, como usted bien sabe —o debiera saber—, las palabras en política no son inocuas: configuran realidad, orientan percepciones y, en no pocos casos, erosionan confianzas. Conviene entonces precisar conceptos, no por pedantería académica, sino por responsabilidad institucional. El Estado de Derecho no es una consigna aspiracional ni un eslogan de campaña; es un principio estructural de organización del poder. Supone, entre otras cosas, que la ley es superior a la voluntad de quienes gobiernan, que los poderes del Estado se encuentran separados y equilibrados, que los derechos fundamentales son exigibles y que las autoridades actúan dentro de marcos jurídicos previamente establecidos. Si Chile no viviera bajo estas condiciones, usted no estaría ejerciendo su cargo en virtud de normas vigentes, los tribunales no fallarían conforme a derecho, y la oposición —incluyendo a quienes discrepan de usted— no podría expresarse libremente sin temor a represalias institucionales. La evidencia empírica, señora Ministra, desmiente su afirmación con una contundencia que no requiere mayor elocuencia. Es cierto que existen desafíos en materia de seguridad, cumplimiento de la ley y eficacia del sistema. Nadie razonable lo discute. Pero confundir deficiencias operativas con ausencia de Estado de Derecho es, en el mejor de los casos, una imprecisión conceptual; en el peor, una estrategia discursiva que tensiona innecesariamente la legitimidad institucional. Porque decir que se “recuperará” el Estado de Derecho implica insinuar que actualmente impera la arbitrariedad, que la ley ha dejado de regir o que los derechos fundamentales se encuentran suspendidos. Y esa descripción, además de inexacta, es peligrosamente cercana a los diagnósticos que, en otras épocas y latitudes, han servido de antesala para justificar excesos que luego todos lamentan. Los chilenos tenemos 17 años de nuestra historia reciente fragmentada por una ruptura institucional que eliminó el estado de derecho, luego, ni en broma. Chile, con todas sus imperfecciones, mantiene vigentes sus instituciones, sus tribunales, su marco constitucional y su sistema de garantías. El Estado de Derecho no es perfecto —nunca lo es—, pero existe. Y precisamente por existir, puede y debe perfeccionarse, fortalecerse y hacerse más eficaz. Esa es una tarea legítima. Pero no requiere ser dramatizada como una reconstrucción desde las ruinas. Cabe entonces preguntarse: ¿se trata de una confusión conceptual o de una licencia retórica? Si es lo primero, le convendría revisar las definiciones. Si es lo segundo, quizás valga la pena recordar que la sobreactuación institucional suele tener costos más altos que beneficios políticos. La ciudadanía espera de sus autoridades claridad, rigor y prudencia. Sobre todo cuando se habla de los pilares que sostienen la convivencia democrática. El Estado de Derecho no se invoca como una promesa de campaña ni se ofrece como si fuese un bien perdido en una vitrina vacía. Se ejerce, se respeta y, en todo caso, se fortalece. Afortunadamente, señora Ministra, en Chile no hay nada que “recuperar” en ese sentido. Lo que sí hay —y con urgencia— es mucho que mejorar. Atte., Un ciudadano que aún confía en que las palabras importan. @MisColumnas