Humberto J. La Roche

@chaferox @RobertoSmithP Cuando lo que está destruido es un país y no sólo una empresa, hablar de privatización es sólo una declaración de buenos deseos. Pasarán muchas lunas...

🇻🇪🏛️⚡️ La propuesta de reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico presentada ante la @Asamblea_Ven se visualiza como intento de reconfigurar el sector eléctrico. En la exposición de motivos y articulado reconoce las limitaciones estructurales del modelo vigente y plantea como solución una transformación orientada a la incorporación de nuevos actores, incluyendo empresas privadas y esquemas de capital mixto, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico continuo, eficiente y financieramente sostenible. La reforma modifica el Art (8) e introduce cambios en la arquitectura del sistema eléctrico nacional al permitir que las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización puedan ser desarrolladas no solo por el Estado, sino también por empresas mixtas y privadas debidamente autorizadas. Este giro representa una apertura frente al modelo estatista consolidado en años anteriores, al tiempo que establece un régimen de concesiones con plazos de hasta veinticinco años, prorrogables por quince, de acuerdo a un nuevo artículo que se lee como Art. (33) en este proyecto; así como unos mecanismos de reversión de activos al Estado una vez culminados dichos contratos en la propuesta del (34). Asimismo, el proyecto incorpora elementos relevantes desde el punto de vista económico, como la redefinición del esquema tarifario bajo criterios de costos reales y rentabilidad razonable, la eliminación de exenciones fiscales y la introducción de incentivos tributarios focalizados. En paralelo, se fortalecen los mecanismos de responsabilidad de los operadores, incluyendo la obligación de compensar a los usuarios por fallas en el servicio (Literal h del Art 37) y un régimen sancionatorio más riguroso que alcanza directamente a los niveles directivos de las empresas. Sin embargo, más allá de estos elementos de modernización nuestra lectura como parlamentario revela tensiones profundas en el diseño institucional de la reforma; mientras se promueve la diversificación de actores económicos, se consolida simultáneamente una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo. En efecto, la creación de empresas mixtas, la autorización de concesiones, la posibilidad de intervención sobre operadores y la definición de incentivos fiscales quedan en manos del Presidente y órganos del Ejecutivo, sin que se establezcan mecanismos claros de control o participación de la Asamblea lo que reduce el rol del Poder Legislativo. Sumado a la ausencia de un ente regulador independiente. En esta propuesta, el Estado actúa como operador, regulador y árbitro del sistema, lo que plantea riesgos evidentes en términos de transparencia, imparcialidad y seguridad jurídica. Puede afectar la confianza de los inversionistas y, al mismo tiempo, limitar la capacidad de los usuarios y actores económicos de contar con instancias neutrales de resolución de conflictos. Las concesiones, busca atraer inversión privada mediante plazos amplios y esquemas de rentabilidad, e introduce elementos que pueden generar incertidumbre, como la reversión de activos y la amplitud de las facultades de intervención estatal. El equilibrio entre protección del interés público y garantías al inversionista son insuficientes El aspecto de la exclusividad geográfica en la distribución del servicio eléctrico; busca incentivar la expansión hacia zonas no atendidas, pero puede crear monopolios territoriales bajo regulación estatal, sin que se prevean mecanismos robustos de control de competencia o supervisión independiente. Aunque la reforma reconoce la necesidad de sincerar el esquema tarifario, pero no desarrolla instrumentos claros de protección para los más vulnerables; lo que puede trasladar un costo político en la medida en que el ajuste de puede generar tensiones sociales sin que el Parlamento disponga de herramientas para mediar en su impacto…