UN ENCLAVE DE ALTA GAMA
Los funcionarios del Congreso.
Cuando la legalidad convive con la inmoralidad.
Hay cifras que no informan: delatan. No describen una realidad; la desnundan. En el corazón del Estado chileno —ese que predica igualdad, justicia, sobriedad y servicio público— habita una república paralela, un enclave de alta gama donde los números no sólo escapan a la lógica: la desafían con elegancia burocrática.
El dato es brutal en su simpleza: más de $19 millones mensuales gana el Secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros. Además, ganando quince sueldos al año. Más de $285 millones anuales. Lo que traducido al idioma que sí entiende el país real: es lo que una persona que gana el sueldo mínimo podría aspirar a reunir en toda su vida laboral —comenzando a trabajar desde los 18 hasta los 65 años— aquí, en el Congreso se devenga en apenas doce meses. Doce. Ni una generación. Para algunos, apenas un año calendario…para muchos, toda una vida. Si, leyó bien, el
Sr. Landeros gana en 365 días lo que un asalariado por el mínimo ganará en 17.338 jornadas.
Y no hablamos de un fenómeno reciente, de una distorsión coyuntural o de un error administrativo. Hablamos de una posición ocupada desde 1991. Treinta y cinco años de continuidad, donde la excepcionalidad dejó de ser anomalía para convertirse en estructura. Porque cuando algo así persiste, ya no es abuso: es diseño.
Pero este no es un caso aislado. Es la cúspide de una pirámide que el reportaje expone con precisión quirúrgica: 135 funcionarios con remuneraciones entre $8,4 millones y $19 millones. En el Senado, 62 personas en ese rango; en la Cámara, 53; en la Biblioteca del Congreso, 20. Un ecosistema completo donde los sueldos administrativos superan —sin rubor— a los del Presidente de la República ($11 millones), ministros ($8,2 millones) y parlamentarios ($7,3 millones).
La pregunta ya no es cuánto ganan. La pregunta es: ¿qué tipo de institucionalidad permite que esto ocurra sin fricción, sin control efectivo, sin costo político? La respuesta incomoda: una institucionalidad que aprendió a protegerse a sí misma. Una arquitectura donde la legalidad no es un límite, sino un refugio.
Porque todo esto, por supuesto, es legal. Está respaldado por contratos y validado por reglamentos. Y sin embargo, resulta profundamente inmoral. La ley, en estos casos, opera como un fino mecanismo de legitimación de lo injustificable. Un traje a medida que convierte el privilegio en derecho adquirido.
La defensa corporativa lo deja aún más claro. La transparencia es acusada de “farandulización”, la exposición de datos públicos es tratada como un agravio, y el silencio —ese silencio denso y disciplinado— se erige como la primera línea de defensa. No se responde, no se explica, no se corrige. Se resiste.
Y es ahí donde la frase adquiere toda su gravedad: cuando existe una república al interior de otra. No es metáfora. Es diagnóstico. Un sistema cerrado, con reglas propias, incentivos invertidos y una lógica de autoprotección que roza lo oligárquico. Un enclave donde la información es poder y el poder, cuidadosamente administrado, garantiza la continuidad del modelo.
Mientras tanto, afuera, la vida sigue bajo otras coordenadas. Bajo la precariedad, la incertidumbre o, el esfuerzo sostenido. Bajo la promesa —cada vez más erosionada— de que el mérito y el trabajo conducen a una vida digna. Promesa que se vuelve irónica cuando se contrasta con una estructura que premia no necesariamente la función, sino la permanencia; la posición asegurada y resguardada.
Lo verdaderamente escandaloso no es que existan sueldos altos. Es que exista un sistema que los hace incuestionables. Que los normaliza. Que los protege.
Porque cuando la excepción se institucionaliza, y el privilegio se administra con precisión contable, lo que queda ya no es una distorsión: es una forma de poder. Y ese poder —silencioso, técnico, invisible— es, quizás, el más difícil de remover. @MisColumnas
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