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@GuillermoColom5

Nada

Katılım Aralık 2021
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Ggg@GuillermoColom5·
@Eneatipo7 Quizás la estrategia de fondo, parece basarse en el engaño a través de la demagogia. Solo así se entiende el apoyo a una gestión que carece de sentido lógico.
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
LA REPÚBLICA Y EL EXTRAVÍO DEL LENGUAJE La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario de la lengua, incluye: más de 93.000 palabras (entradas principales), más de 195.000 acepciones (significados). Si ampliamos el criterio a todo el léxico efectivo del idioma: Se estima que el español tiene entre 300.000 y 500.000 palabras. Si incluimos tecnicismos científicos, jergas profesionales y regionalismos, la cifra puede ser mucho mayor. Que la lengua española —con un acervo tan profuso de palabras— conviva con ciudadanos que operan con apenas 1.500 o 2.000 términos activos, o menos de la mitad en caso de la juventud, no es una anécdota lingüística; es un síntoma cultural. Y como todo síntoma persistente, termina revelando una patología más profunda: la renuncia progresiva al pensamiento complejo. Porque el lenguaje no es un adorno: es una herramienta de precisión. “Quien tiene pocas palabras no sólo dice menos; piensa menos”. O, peor aún, piensa de manera rudimentaria. La pobreza léxica no es inocua: limita la capacidad de matizar, de distinguir, de argumentar. Reduce el mundo a un puñado de conceptos toscos, donde todo es “bueno”, “malo”, “terrible” o “increíble”. Un universo binario, infantil, peligrosamente manipulable. En ese contexto, el analfabetismo funcional aparece como el gran elefante en la habitación. No hablamos de quienes no saben leer, sino de quienes leen sin comprender; de quienes descifran palabras pero no construyen sentido. En Chile, más de medio millón de personas aún no dominan la lectoescritura básica, pero muchos más —silenciosamente— habitan ese territorio gris donde la comprensión es superficial y la expresión, precaria. Son alfabetizados nominales, pero analfabetos operativos. Y aquí es donde la ironía se vuelve tragedia. Porque mientras el sistema educativo celebra —con razón— la expansión de la cobertura, el debate público parece haber decidido abdicar de la exigencia. Se ha normalizado la mediocridad expresiva como si fuese una forma de autenticidad. Como si la torpeza verbal fuese una virtud democrática y no una carencia formativa. El caso de la vocera de gobierno, Mara Sedini, no es entonces un accidente: es un síntoma institucionalizado. En un cargo cuya esencia es articular discursos, ordenar ideas y representar la voz del Ejecutivo, encontramos una retórica vacilante, reiterativa, casi monocorde. La repetición sistemática de términos, más allá de toda economía del lenguaje, roza la ecolalia; la construcción de frases evidencia una pobreza estructural que no puede maquillarse con gestos ni con énfasis. No se trata de elitismo lingüístico, sino de idoneidad funcional. Así como no se le pediría a un cirujano que improvise con el bisturí, tampoco debiera tolerarse que quien comunica políticas públicas lo haga con un instrumental verbal defectuoso. Porque en política, las palabras no sólo describen la realidad: la construyen. La degradación del lenguaje público tiene consecuencias concretas. Empobrece el debate, simplifica los problemas, polariza las posiciones. Donde faltan palabras, sobran eslóganes. Donde no hay matices, florecen los extremos. Y en ese terreno, la ciudadanía —ya afectada por brechas educativas y culturales— queda aún más expuesta a la confusión y a la manipulación. Lo verdaderamente inquietante no es que existan figuras públicas con limitaciones discursivas. Siempre las ha habido. Lo alarmante es que ya no sorprenda. Que se haya instalado una suerte de indulgencia colectiva frente a la precariedad expresiva, como si exigir claridad, riqueza léxica y coherencia argumental fuese un exceso aristocrático. Tal vez el problema no sea sólo que algunos hablen mal. Tal vez sea que hemos dejado de escuchar bien. O peor: que hemos olvidado cómo debería sonar un pensamiento bien articulado. Porque cuando el lenguaje se empobrece, la democracia también lo hace. Y eso, a diferencia de una mala frase, no es algo que se pueda corregir con un simple sinónimo. @MisColumnas
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
CARTA ABIERTA AL MINISTRO Jorge Quiroz. @MinistroQuiroz Presente: Sr. Ministro, Hay frases que nacen para instalarse. La suya —“caja al 1% de lo normal”— tiene esa cualidad: simple, contundente y, lamentablemente, técnicamente equívoca y engañosa. Tomar el 31 de diciembre (US$40 millones) como evidencia de “finanzas rotas” equivale, analíticamente, a diagnosticar la quiebra de una empresa mirando su cuenta corriente el día previo al pago de sus clientes. Impacta, más no lo explica. Como usted sabe —o debería saber—, la caja fiscal es estacional. No por casualidad, tras emisiones de deuda dentro del marco autorizado para 2026, el saldo sube a US$1.406 millones a fines de enero. ¿Sigue bajo el promedio histórico? Sí. ¿Es sinónimo de insolvencia? No. Es un descalce transitorio de liquidez. Pero “descalce estacional de caja” no rinde como decir “finanzas rotas”. El origen de ese descalce tampoco es un misterio. Entre agosto y diciembre, los PPM de 11 grandes empresas no mineras caen 31,7%, retirando entre US$1.600 y US$1.800 millones del flujo fiscal. En simple: el Estado no “se quedó sin plata”; dejó de recibir anticipos que se regularizan en la Operación Renta. A ello se suman apreciación cambiaria y menor impuesto adicional. Es un problema de timing, no de despilfarro. Pero el timing no vota; el relato, sí. Donde sí hay un problema —y curiosamente no aparece en su narrativa— es en la recaudación estructural. En 2025, los ingresos tributarios no mineros crecen apenas 1,5%, pese a un PIB no minero cercano a 3%. La explicación es conocida: tasas efectivas bajo el 27% legal por uso intensivo (y legal) de pérdidas tributarias, depreciaciones y otros mecanismos. No es evasión; es diseño. Ahí se rompe la elasticidad de la recaudación. Pero es más cómodo hablar de “caja vacía” que de base erosionada. El contraste macroeconómico desarma la épica. Se recibió un déficit efectivo de 7,7% del PIB en 2021 y se reduce a 2,8%; el déficit cae a un tercio; la deuda se estabiliza en 41,7% del PIB; la inflación baja de 14% a 2,4%; la inversión extranjera directa se mantiene robusta. Cuesta encontrar en estos datos una “quiebra”, salvo que el concepto haya cambiado. Y llegamos al punto donde la contabilidad se vuelve política: combustibles. Frente a un shock internacional, su decisión fue traspasar íntegramente el alza —≈$370 en gasolina y ≈$580 en diésel—, descartando amortiguadores como el MEPCO. La justificación: “no hay caja”. Curioso, considerando que en 2022, con petróleo sobre US$110/barril y en pleno ajuste fiscal (recorte de gasto de 23%), se destinaron US$2.500 millones para suavizar el impacto en hogares y transporte. Entonces, ¿qué cambió? No la aritmética —que muestra un bache transitorio—, sino la preferencia de política. El costo externo se internaliza en familias, pymes y logística. Es una opción legítima. Lo menos defendible es revestirla de inevitabilidad técnica. Si el faltante proviene de PPM diferidos y se regulariza en abril, la restricción es temporal. El efecto distributivo, en cambio, es inmediato y regresivo: presión inflacionaria en servicios transables, encarecimiento del transporte y deterioro del ingreso disponible. La progresividad quedó atrapada en la misma caja del 31 de diciembre. Ministro, la política fiscal descansa en cifras y credibilidad. Los números no avalan la tesis de insolvencia. Y la credibilidad se resiente cuando la narrativa se desacopla de la evidencia. Chile tiene desafíos: convergencia del déficit, una recaudación que no captura el ciclo y un sistema de PPM que amplifica la volatilidad de caja. Ese es el debate: rediseño de anticipos, cierre de brechas en tasas efectivas y uso inteligente de estabilizadores. Elevar un descalce de liquidez a categoría de crisis puede ser útil mediaticamente, pero en economía —a diferencia de la retórica— los diagnósticos importan. Y aquí, el suyo parece menos un error de cálculo que una elección de encuadre. Atentamente, RX. @MisColumnas
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rha♒
rha♒@r00tpasswd·
hola @VTRsoporte @VTRChile estamos teniendo el mismo problema cuando era la pandemia.. tenemos intermitencia y cortes cada cierto rato. Estoy hablandoles desde viña del mar. Alguien mas con ese problema
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Ggg
Ggg@GuillermoColom5·
@Eneatipo7 Las excusas de los legisladores son muy livianas, ellos han sido promotores de esta desigualdad!!!
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
UN ENCLAVE DE ALTA GAMA Los funcionarios del Congreso. Cuando la legalidad convive con la inmoralidad. Hay cifras que no informan: delatan. No describen una realidad; la desnundan. En el corazón del Estado chileno —ese que predica igualdad, justicia, sobriedad y servicio público— habita una república paralela, un enclave de alta gama donde los números no sólo escapan a la lógica: la desafían con elegancia burocrática. El dato es brutal en su simpleza: más de $19 millones mensuales gana el Secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros. Además, ganando quince sueldos al año. Más de $285 millones anuales. Lo que traducido al idioma que sí entiende el país real: es lo que una persona que gana el sueldo mínimo podría aspirar a reunir en toda su vida laboral —comenzando a trabajar desde los 18 hasta los 65 años— aquí, en el Congreso se devenga en apenas doce meses. Doce. Ni una generación. Para algunos, apenas un año calendario…para muchos, toda una vida. Si, leyó bien, el Sr. Landeros gana en 365 días lo que un asalariado por el mínimo ganará en 17.338 jornadas. Y no hablamos de un fenómeno reciente, de una distorsión coyuntural o de un error administrativo. Hablamos de una posición ocupada desde 1991. Treinta y cinco años de continuidad, donde la excepcionalidad dejó de ser anomalía para convertirse en estructura. Porque cuando algo así persiste, ya no es abuso: es diseño. Pero este no es un caso aislado. Es la cúspide de una pirámide que el reportaje expone con precisión quirúrgica: 135 funcionarios con remuneraciones entre $8,4 millones y $19 millones. En el Senado, 62 personas en ese rango; en la Cámara, 53; en la Biblioteca del Congreso, 20. Un ecosistema completo donde los sueldos administrativos superan —sin rubor— a los del Presidente de la República ($11 millones), ministros ($8,2 millones) y parlamentarios ($7,3 millones). La pregunta ya no es cuánto ganan. La pregunta es: ¿qué tipo de institucionalidad permite que esto ocurra sin fricción, sin control efectivo, sin costo político? La respuesta incomoda: una institucionalidad que aprendió a protegerse a sí misma. Una arquitectura donde la legalidad no es un límite, sino un refugio. Porque todo esto, por supuesto, es legal. Está respaldado por contratos y validado por reglamentos. Y sin embargo, resulta profundamente inmoral. La ley, en estos casos, opera como un fino mecanismo de legitimación de lo injustificable. Un traje a medida que convierte el privilegio en derecho adquirido. La defensa corporativa lo deja aún más claro. La transparencia es acusada de “farandulización”, la exposición de datos públicos es tratada como un agravio, y el silencio —ese silencio denso y disciplinado— se erige como la primera línea de defensa. No se responde, no se explica, no se corrige. Se resiste. Y es ahí donde la frase adquiere toda su gravedad: cuando existe una república al interior de otra. No es metáfora. Es diagnóstico. Un sistema cerrado, con reglas propias, incentivos invertidos y una lógica de autoprotección que roza lo oligárquico. Un enclave donde la información es poder y el poder, cuidadosamente administrado, garantiza la continuidad del modelo. Mientras tanto, afuera, la vida sigue bajo otras coordenadas. Bajo la precariedad, la incertidumbre o, el esfuerzo sostenido. Bajo la promesa —cada vez más erosionada— de que el mérito y el trabajo conducen a una vida digna. Promesa que se vuelve irónica cuando se contrasta con una estructura que premia no necesariamente la función, sino la permanencia; la posición asegurada y resguardada. Lo verdaderamente escandaloso no es que existan sueldos altos. Es que exista un sistema que los hace incuestionables. Que los normaliza. Que los protege. Porque cuando la excepción se institucionaliza, y el privilegio se administra con precisión contable, lo que queda ya no es una distorsión: es una forma de poder. Y ese poder —silencioso, técnico, invisible— es, quizás, el más difícil de remover. @MisColumnas
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
@davhomm La ministra Sedini, en menos de un mes: Desprestigió los colegios privados. Desprestigió las universidades privadas. Desprestigió la carrera de periodismo. Desprestigió el cargo de vocera. Y desprestigió a su gobierno. Todo un récord.
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David
David@davhomm·
Los títulos de mierda que entregan las universidades privadas.
ReneX@Eneatipo7

MARA SEDINI Una ministra de muy pocas palabras. “…Persona Condenada…” “…Cumpla Condena…” “…Tenemos que Condenar…” “…Para que el Condenado….” “…Cumpla su Condena…” (En sólo 40 segundos.) Para precisar: La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario de la lengua, incluye: • Más de 93.000 palabras (entradas principales) • Más de 195.000 acepciones (significados) Si ampliamos el criterio a todo el léxico efectivo del español: Se estima que el español tiene entre 300.000 y 500.000 palabras. Si incluimos tecnicismos científicos, jergas profesionales y regionalismos, la cifra puede ser mucho mayor. El vocabulario humano se divide comúnmente en activo (palabras que usa al hablar o escribir) y pasivo (palabras que entiende o recuerda al leer/escuchar). Estas cifras varían por estudios, pero en español se estiman rangos aproximados según nivel educativo. Persona Muy Culta: Domina un vocabulario activo amplio, alrededor de 5.000-8.000 palabras usadas diariamente, y pasivo hasta 35.000 o más gracias a lectura y educación superior. Persona Educada: Usa activamente 2.500-3.000 palabras, con pasivo de 25.000-30.000, influido por años de educación formal y exposición cultural. Persona Promedio: El hispanohablante medio reconoce (pasivo) unas 18.000 palabras y usa activamente 1.500-2.000 en la vida diaria. Joven Adolescente: Emplea sólo 240-800 palabras activas en conversaciones cotidianas, con pasivo menor (alrededor de 10.000-15.000), priorizando slang y simplicidad. La ministra Sedini: Debe estar por las 120 a 150 palabras activas y unas 500 pasivas. (Siendo optimista.) Nota: Galvarino Apablaza aún no ha sido condenado por la justicia chilena. #Ecolalia #Ecofrasia @MisColumnas

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Ggg
Ggg@GuillermoColom5·
@Eneatipo7 @profesauriatop René una consulta en su columna un enclave de alta gama, quise responder y no pude, sabe usted por qué puede ser?
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
@profesauriatop No me quedó claro si era por los libros que no leyó o los litros que se tomó…😂😂😂😂😂
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Carola Rula
Carola Rula@profesauriatop·
Preguntenle cuantos litros ha leído en su vida, x ahí debe ir la cosa. En todo caso la crítica es que no sirve para el cargo, que se quede como cantante
ReneX@Eneatipo7

MARA SEDINI Una ministra de muy pocas palabras. “…Persona Condenada…” “…Cumpla Condena…” “…Tenemos que Condenar…” “…Para que el Condenado….” “…Cumpla su Condena…” (En sólo 40 segundos.) Para precisar: La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario de la lengua, incluye: • Más de 93.000 palabras (entradas principales) • Más de 195.000 acepciones (significados) Si ampliamos el criterio a todo el léxico efectivo del español: Se estima que el español tiene entre 300.000 y 500.000 palabras. Si incluimos tecnicismos científicos, jergas profesionales y regionalismos, la cifra puede ser mucho mayor. El vocabulario humano se divide comúnmente en activo (palabras que usa al hablar o escribir) y pasivo (palabras que entiende o recuerda al leer/escuchar). Estas cifras varían por estudios, pero en español se estiman rangos aproximados según nivel educativo. Persona Muy Culta: Domina un vocabulario activo amplio, alrededor de 5.000-8.000 palabras usadas diariamente, y pasivo hasta 35.000 o más gracias a lectura y educación superior. Persona Educada: Usa activamente 2.500-3.000 palabras, con pasivo de 25.000-30.000, influido por años de educación formal y exposición cultural. Persona Promedio: El hispanohablante medio reconoce (pasivo) unas 18.000 palabras y usa activamente 1.500-2.000 en la vida diaria. Joven Adolescente: Emplea sólo 240-800 palabras activas en conversaciones cotidianas, con pasivo menor (alrededor de 10.000-15.000), priorizando slang y simplicidad. La ministra Sedini: Debe estar por las 120 a 150 palabras activas y unas 500 pasivas. (Siendo optimista.) Nota: Galvarino Apablaza aún no ha sido condenado por la justicia chilena. #Ecolalia #Ecofrasia @MisColumnas

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Vinko47
Vinko47@vinko47·
QUÉ PASA @VTRsoporte AHORA SIN INTERNET NI CABLE TV? Sector Hernando de Aguirre/ Carmen Sylva 🙈🙈🙈😡😡
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
MANUAL PARA INCENDIAR LA PACIENCIA Dos semanas bastan: torpeza técnica, frivolidad discursiva y una peligrosa vocación por tensar un sistema que ya conoce el punto de quiebre. HÁGANSE CARGO Hay gobiernos que administran; otros, más ambiciosos, reforman. Este, en cambio, parece decidido a experimentar con la elasticidad social como si el país fuese un laboratorio sin memoria. En apenas dos semanas, la combinación de declaraciones frívolas, decisiones técnicamente precarias y una alarmante desconexión con la vida cotidiana ha reinstalado un clima que creíamos —ingenuamente— superado desde 2019. No es una exageración retórica. Antes del estallido, Chile exhibía indicadores macroeconómicos relativamente sólidos: deuda pública, inflación controlada y crecimiento moderado. Sin embargo, bajo esa superficie convivían tensiones acumuladas —desigualdad percibida, abusos, servicios públicos saturados, desconexión de sus autoridades— que terminaron por detonar. Hoy, aunque algunos fundamentos han cambiado, lo verdaderamente inquietante no son los números, sino la peligrosa repetición del patrón: una élite gobernante que subestima el umbral de tolerancia ciudadana. Porque aquí no se trata de izquierda o derecha; se trata de sensatez. Y la sensatez, por definición, exige comprender que las palabras importan tanto como las políticas. Cuando un presidente intenta empatizar relatando que en tiempos difíciles su familia, sus padres, “tuvieron que sacrificar vacaciones” o sus hermanos postergar estudios en el extranjero, no construye cercanía: fabrica distancia. Es la misma lógica pedagógica que alguna vez nos invitó a madrugar para pagar menos transporte, y que las flores habían bajado en beneficio de los románticos, o que los colegios podían organizar bingos escolares como solución estructural. Una pedagogía de la precariedad, envuelta en un tono condescendiente que la ciudadanía ya reconoció —y rechazó— con contundencia. El problema no es sólo comunicacional; es estructural. Cada declaración liviana, cada analogía desafortunada, cada medida improvisada, actúa como un micro-estímulo que erosiona la legitimidad. Es un proceso acumulativo, casi termodinámico: la presión social no desaparece, se transforma. Y cuando el sistema alcanza su punto crítico, la liberación es abrupta y desordenada. Lo más inquietante es la aparente ceguera ante este fenómeno. Se estira el “chicle” institucional como si fuese infinito, ignorando que la elasticidad tiene límites físicos y políticos. Persistir en esa lógica no es sólo arrogancia; es una forma particularmente sofisticada de imprudencia. Porque cuando la autoridad deja de percibir el riesgo, deja también de gestionarlo. Y entonces ocurre lo predecible: ante el desborde, la respuesta suele ser la misma. Se culpa al adversario político, se invoca la necesidad de restablecer el orden y se recurre —con preocupante familiaridad— a mecanismos de presión que en democracia son, en el mejor de los casos, ineficaces, y en el peor, catalizadores del conflicto. La historia reciente lo demuestra con crudeza: la represión no disuelve la tensión, la redistribuye y la intensifica. Chile ya recorrió ese camino. Ya vivió la burla disfrazada de consejo, la desconexión elevada a política pública y la torpeza convertida en doctrina. Y también vio cómo termina ese experimento: con la paciencia convertida en indignación y la indignación en acción. Por eso, esta no es una advertencia grandilocuente, sino una constatación empírica: los sistemas sociales colapsan no cuando fallan sus indicadores, sino cuando se rompe la confianza y se harta la paciencia colectiva, que no es más que la saturación de las paciencias individuales. No digan que no lo vieron venir. Porque esta vez, además, fue anunciado. @MisColumnas
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Ggg
Ggg@GuillermoColom5·
@mmlagoscc @diputadonaranjo Un presupuesto revisado y aprobado por el congreso o no? Què dicen los què lo revisaron y aprobaron
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Ggg
Ggg@GuillermoColom5·
@emischneiderv @reddish2 Le falto decir que el mal presupuesto lo aprobó el congreso!!! O sea, la política no revisó ????
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ReneX
ReneX@Eneatipo7·
QUINCE DÍAS BASTARON PARA CAER AL VACÍO Manual exprés de cómo dinamitar la confianza, encarecer la vida y llamar “orden” al caos. Hay quienes prometen “poner orden” y terminan ordenando el desastre con una eficiencia admirable, sin embargo, el debut del gobierno de José Antonio Kast ha tenido una rara virtud, en quince días logró convertir la expectativa en parodia y el programa en una colección de impulsos mal coordinados. Partamos por la joya conceptual, declarar a Chile “en quiebra”. No sólo es falso; es, además, un acto de pirotecnia verbal que detona la confianza, tensiona expectativas y le hace un guiño a la inestabilidad. Una especie de autosabotaje con vocación pedagógica: primero asustamos al paciente, después le explicamos que era por su bien. El bolsillo, mientras tanto, agradece la fineza: diésel +580 pesos, gasolinas +370. Un ajuste quirúrgico, pero con guillotina. La inflación, siempre atenta a los gestos políticos, recoge la invitación y se prepara para bailar. Y cuando alguien pregunta por la coherencia, aparece la propuesta de bajar impuestos a los más acomodados. Porque si algo enseña la teoría económica versión Fruna. es que la desigualdad se corrige… ampliándola con convicción. La disciplina fiscal entra en escena con un hallazgo digno de museo: recortar 3% a todo, sin distinguir funciones, impactos ni prioridades. Salud, educación, seguridad: todo cabe en el mismo cajón. Es la ingeniería pública reducida a regla de tres simple. Y, para mantener el suspenso, se recortan recursos en seguridad y a Carabineros por decenas de miles de millones, en paralelo a una retórica que declara la delincuencia como enemigo existencial. Es como apagar incendios retirando agua por razones de austeridad. En política exterior, la innovación es geológica: una zanja. No resuelve, pero simboliza. Y vaya que simboliza: aislamiento, torpeza y una relación bilateral tratada como trámite doméstico. La frontera convertida en obra conceptual de la improvisación. El menú sigue: suspensión de la expropiación de Colonia Dignidad —tema que exige delicadeza y memoria—, paralización de la ciclovía de la Alameda que usarán miles, reactivación de una ley de pesca con aroma a pasado incómodo. Todo en nombre de una épica que confunde convicción con porfía. La seguridad institucional, por su parte, entra en modo centrifugado: remoción de inspectores, descabezamiento en la PDI, y la perla mayor —declarar que no hay Estado de derecho— desde el propio Estado. Una innovación interesante: deslegitimar el tablero mientras se juega la partida. En el plano simbólico, el gobierno decide inaugurar un Walmart como acto de Estado. La liturgia republicana, ahora con cinta de embalaje. Y, para cerrar, un rodeo elevado a ceremonia de unidad nacional, con performance de la primera dama incluida. El poder confundiendo cercanía con caricatura, tradición con distractor, política con espectáculo. Entre tanto, la delincuencia —según los propios datos que circulan— no espera discursos: avanza. Pero no hay problema; siempre queda una cuña, una zanja o un corte lineal de presupuesto para explicar lo inexplicable. ¿Ignorancia, perversión o estupidez? Tal vez la taxonomía queda corta. Aquí hay algo más sofisticado: la convicción de que la realidad es maleable a punta de eslogan, que la técnica es un estorbo y que el relato puede reemplazar a la gestión. Un experimento en tiempo real donde el costo lo paga, como siempre, el ciudadano que creyó que “orden” significaba otra cosa. Quince días bastaron para erosionar confianzas, encarecer la vida y trivializar decisiones complejas. Quince días para demostrar que gobernar no es gritar más fuerte ni cortar parejo, sino discriminar, priorizar y entender consecuencias. Lo inquietante no es el error —inevitable en cualquier administración—, sino su elevación a método. Cuando la torpeza se institucionaliza, el desastre deja de ser una hipótesis y se vuelve cronograma con fecha de autodestrucción. @MisColumnas
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