Virginia Zarama

Hoy termina el año y se marca la recta final del gobierno que le devolvió el control territorial a los grupos armados ilegales y bajo el cual se fortalecieron las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Un gobierno que nos regresó a un país donde el secuestro y los atentados terroristas volvieron a ser paisaje, donde asesinan candidatos presidenciales y donde la extorsión es regla en muchas regiones del país. Es también el gobierno que destruyó la seguridad energética y nos llevó al borde de un apagón; que debilitó a Ecopetrol y que hoy tiene a los colombianos pagando gas, gasolina y electricidad más caros. Durante estos años se intentó gobernar por decreto, se atacó a los jueces, se erosionó la seguridad jurídica y se convirtió la calumnia en método de gobierno. Se enfrentó deliberadamente al empresario con el trabajador, se desincentivó la inversión privada, se ignoró a los trabajadores informales, se amenazó la independencia del Banco de la República y se nos deja la deuda más alta de nuestra historia reciente. Bajo este gobierno el país alcanzó el mayor potencial de producción de cocaína jamás registrado. Se robaron los recursos del agua de los niños de La Guajira. Hay ministros en la cárcel. Altos funcionarios del gobierno compartieron tarima con algunos de los peores delincuentes del país, en el marco de una política de “paz total”, que lo único que ha hecho es ser caldo de cultivo de nueva violencia. Fue también el gobierno que acabó con la carrera diplomática; al que le sobraron adjetivos para criticar a todos y a todo, excepto a la dictadura venezolana. En estos años, el populismo y la improvisación se volvieron el derrotero de la política pública. El afán electoral se impuso sobre la gerencia y la planeación seria. Se privilegiaron funcionarios mediocres y leales por encima de equipos técnicos sólidos; los “yes men” y la ideología reemplazaron el debate, la evidencia y la capacidad de ejecución. En esta recta final queda el balance de un gobierno que arrasó con el sistema de salud y bajo el cual escasearon los medicamentos; que prometió infraestructura que nunca entregó. Un gobierno con tantos escándalos que dejaron de escandalizar, que prefirió hablar de complots y “golpes blandos” antes que asumir su responsabilidad. Un gobierno que despreció la evidencia y sacó por la puerta de atrás a los funcionarios que se atrevieron a cuestionar los dogmas presidenciales. Hoy, 31 de diciembre, queda sobre todo una obligación democrática: defender la Constitución de 1991 frente a quienes, desde el poder, intentaron vaciarla de contenido y hoy pretenden acabarla mediante un proyecto de Asamblea Constituyente. Porque lo que está en juego no es un gobierno que se va, sino las reglas que nos mantienen como República.